Este miércoles se celebra la segunda ‘megasubasta verde’ del año y los grandes del sector energético volverán a medirse contra las firmas renovables por los megavatios eólicos y fotovoltaicos que el Gobierno pone sobre la mesa.
Dos meses después de la anterior puja, el Ministerio de Energía saca a concurso otros 3.000 megavatios (MW) de nueva potencia basándose en el ‘hambre’ por proyectos que detectó en mayo. Según la cartera que dirige Álvaro Nadal, se registró una demanda de casi 10.000 MW, de los que casi 8.000 MW fueron al precio mínimo. Esta alta demanda ha llevado al Gobierno a guardarse un as en la manga: la convocatoria incluye una cláusula de confidencialidad que permitiría ampliar la potencia subastada mucho más allá de los 1.000 MW extra que adjudicó en mayo.
Entre los contendientes se esperan las caras habituales: Enel Green Power España -filial de Endesa-, Siemens Gamesa o Gas Natural Fenosa, entre las grandes empresas del sector energético, y firmas como Forestalia o Norvento, que ya lograron adjudicarse bloques de potencia renovable en la subasta de mayo. La zaragozana logró un total de 1.500 MW eólicos en las dos anteriores subastas y el sector espera que vuelva a por más. Por su parte, Norvento ganó 128 MW en mayo y no se ha posicionado respecto a la cita del miércoles.
Iberdrola, la empresa que más megavatios eólicos tiene instalados en España -más de 5.500 MW- no ha dejado claro si participará. En la conferencia con analistas para presentar los resultados del primer semestre, su presidente, Ignacio Sánchez Galán, pasó la patata caliente al equipo de renovables de la eléctrica. “Tenemos una gran cartera de oportunidades en todo el mundo. Analizamos todas las opciones y tenemos oportunidades en otros países, como los latinoamericanos. Sé que se está analizando pero no sé qué se hará”, afirmó el presidente de Iberdrola. “El equipo analiza el potencial de los distintos países, dependerá de lo que se espere en futuros desarrollos”.
El que seguro no acudirá, de nuevo, será Acciona. La segunda empresa del país por potencia instalada -con más de 4.700 MW eólicos- no pujó en mayo y su presidente, José Manuel Entrecanales, fue claro durante la junta de accionistas de la empresa celebrada ese mes: el modelo actual de retribución que aplica el Gobierno “no es lo suficientemente atractivo” y prefieren optar por alternativas de inversión en otros países.
FALTA DE PLANIFICACIÓN
La fórmula y la urgencia de esta nueva subasta, sin embargo, no ha gustado demasiado entre las empresas y asociaciones del sector. Después de años de parón en el sector renovable, Energía pisa el acelerador para avanzar “definitivamente” en el cumplimiento de los objetivos que marca la Unión Europea para 2020.
La meta es que, para entonces, el 20% del consumo total de energía proceda de fuentes limpias. Actualmente, según el Gobierno, este dato se sitúa en 17,3% y con la puesta en marcha de estos proyectos se lograría el objetivo fijado por Bruselas. Según los últimos datos disponibles en Eurostat, de 2015, la cuota ronda el 16%.
Que el sector se reactive es una buena noticia, coinciden sin dudarlo los actores del sector privado consultados por este periódico; es, sin embargo, la falta de planificación del Gobierno y la incertidumbre sobre los siguientes pasos que se darán lo que incomoda. Desde el sector privado se critica pretender instalar en dos años lo que no se ha hecho en cinco. Abogan, además, por plantear un calendario de subastas que permita una planificación y no sumar presión competitiva de forma innecesaria.
Desde la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) se señaló que esta nueva subasta era “una muestra más de la precipitación y la falta de planificación del sector energético”. Los más de 6.000 MW que potencialmente pueden quedar asignados después de esta subasta -teniendo en cuenta los 3.700 MW ya adjudicados- tienen que instalarse antes del 31 de diciembre de 2019. Para la APPA, esto tiene un posible efecto para el sector: “la acumulación de nueva potencia en dos años y medio encarecerá la ejecución de los proyectos y, en última instancia, pone en riesgo la propia instalación”.
“Que se adjudiquen 3.000, 6.000 o 10.000 MW al máximo descuento no es motivo de celebración. Cuando esos proyectos estén instalados, estén vertiendo electricidad limpia a nuestro mix y su rentabilidad permita mantener industria y generar empleo de calidad y estable, entonces hablaremos de éxito”, ha afirmado el presidente de APPA, José Miguel Villarig.
Durante el III Congreso Eólico Español, celebrado a finales de junio en Madrid, Rafael Mateo, CEO de Acciona Energía, subraya en la misma línea que “ganar una subasta es muy fácil; distinto es vender energía renovable durante 20 años”. Según el ejecutivo, hay actores que han ganado subastas en otros mercados sin la intención de empezar el proyecto, terminarlo y operarlo, “sólo tratan de tomar posiciones especulativas”.
Consultadas por esta posibilidad en el mercado español, diversas fuentes del sector privado señalan a este periódico que consideran que el Gobierno ha puesto una serie de mecanismos, como los elevados avales, para que esto no suceda. Más que esta posible especulación con las renovables, en el sector privado se muestran preocupados con el perfil de determinados jugadores que no entienden el complejo sistema de subasta que se sigue en España.
Mientras que bajo otros sistemas se adjudican los cupos de potencia a quien puja pidiendo la subvención más baja por MWh de energía producido, en las subastas que está realizando el Gobierno se otorga al que pide menor incentivo a la inversión, es decir, el que promete ejecutar el proyecto de forma más barata. Además, las convocatorias no establecen proyectos concretos -con ubicación y características estudiadas-, sino que cada oferente realiza sus propuestas tomando como referencia la instalación tipo con unos parámetros de inversión, horas de funcionamiento y costes definidos por el propio Gobierno.
SIN ESPACIO PARA EL PEQUEÑO GENERADOR
Siguiendo los parámetros de la subasta de mayo, la de este miércoles será también tecnológicamente neutra y podrán participar instalaciones de tecnología eólica y fotovoltaica en concurrencia competitiva, señaló el Ministerio cuando hizo la convocatoria. Así, las adjudicatarias serán las más eficientes en costes.
También se han mantenido los criterios de desempate establecidos en mayo, reavivando las críticas de los fotovoltáicos que se consideran discriminados porque compiten peor en horas. No obstante, el Gobierno espera que los proyectos de esta tecnología tengan más posibilidad de entrar ya que contarán con mayor oferta.
Desde la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) se han mostrado muy críticos con la convocatoria ya que consideran que favorece a la “gran eólica y dará cabida sólo a los megaproyectos fotovoltaicos”.
Con esta subasta, “el Gobierno aparta al ciudadano de la generación de energía y asegura que un negocio de 59.000 millones de euros anuales sea controlado exclusivamente por un grupo reducido de operadores”, señala la asociación. El propio Nadal apuntó que la subasta "se dirige a profesionales del sector; no es un producto financiero para el pequeño ahorrador".