La central nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos, echará el cierre definitivo. Así lo ha anunciado el Gobierno, una semana antes de que expirara el plazo para decidir sobre el futuro de la central, poniendo fin a las casi cuatro décadas de vida de la planta y al polvorín que ha levantado su operación desde que cesó su operación en 2012.

Después de meses con cruces de argumentos, informes a favor y en contra y pese a tener el respaldo del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para seguir en funcionamiento, el Gobierno ha optado por denegar la autorización para que Nuclenor siguiera explotando la planta a la vista de la falta de certidumbre -social y política- en torno a la energía nuclear y el pulso que llevan meses librando Endesa e Iberdrola, las dos eléctricas que están detrás de la operadora de la planta, sobre la viabilidad de esta central.

“Ante la falta de un debate sosegado, el Gobierno tiene que tomar una decisión. Con un contexto de clara oposición a la reapertura, se firmará una orden ministerial que denegará la autorización de explotación”, ha asegurado el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ante los medios este martes. 

La decisión ha sido aplaudida por el resto de grupos políticos -aunque han criticado el "retraso" en llegar a este punto- y organizaciones medioambientales. Pero ha topado con la oposición del presidente del PP de Burgos, César Rico, que asegura que la operación es rentable social y económicamente, y la crítica de los técnicos del CSN, que denuncian el uso partidista del regulador en todo el proceso y su pérdida de credibilidad ante la ciudadanía, como ha transmitido una asociación te técnicos del Consejo.

Más de una década para su desmantelamiento

El Ministerio de Energía ha sellado así el destino de la planta burgalesa y, una vez aprobada la declaración de clausura, será la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) la que deba pedir la autorización de desmantelamiento. ¿Cuánto costará desmontar Garoña? Según un informe de 2011 de la propia Enresa, el desmantelamiento de la central costará unos 345 millones y más de una década, como explicó El Confidencial.

Pero antes de llegar a la fase de desmantelamiento que asumirá Enresa, Nuclenor debe realizar una serie de labores en el período de predesmantelamiento: se deberá descargar el combustible gastado almacenado en la piscina, para lo que se necesita un nuevo almacén temporal individualizado, y acondicionar los residuos de baja actividad en El Cabril, el único almacén nuclear para este tipo de deshechos.

Según el informe anual de Nuclenor, la operadora de Garoña tenía al cierre de 2016 una previsión por predesmantelamiento que ascendía a 115,1 millones de euros. En ese monto se incluye también el dinero necesario para el 2% que Nuclenor tiene en la central de Trillo. Se estima que estas tareas podrían llevar al menos tres años y, transcurridos seis años desde la parada definitiva, se iniciaría el desmantelamiento, que puede durar otra década.

Es decir, pasarán unos 15 años hasta que llegue la declaración de clausura que requiere también un informe del CSN antes de que Enresa devuelva el emplazamiento de Garoña a Nuclenor. Aun así, como ha indicado Energía, puede ocurrir que el Ministerio considere necesario restringir el uso de los terrenos en los que estaba la planta. Preguntado sobre el destino de la central, Nadal ha sido enfático: "El Gobierno nunca ha dicho que vaya a quedarse con la central. Ya haremos los anuncios pertinentes al respecto".

Un cierre sin impacto para el sistema eléctrico

La central de Garoña, en el valle burgalés de Tobalina, comenzó su actividad en 1971 y Nuclenor cesó la operación en 2012 de forma unilateral, un año antes de que cumpliera la prórroga que había logrado con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2009.

Con una potencia instalada de 460 megavatios (MW) es una planta pequeña, como ha argumentado el ministro Nadal, comparada con otras centrales que cuentan con una potencia de más de 1.000 MW. Pese a llevar casi cinco años parada, su desconexión del sistema eléctrico no ha generado un impacto significativo sobre el sistema eléctrico, dando un argumento más al Gobierno para denegar su reactivación.

Para Iberdrola, la decisión es “coherente” ya que su cierre “no afecta ni a la seguridad del suministro eléctrico, ni al precio de la luz que pagan los consumidores”. Endesa, la otra mitad de Nuclenor, afirma que respeta y asumirá la decisión del Gobierno, y ha subrayado que se trata de un caso puntual que “no supone precedente” para la decisión sobre viabilidad técnica y económica del resto de centrales españolas.

Garoña, un pulso al Gobierno por los impuestos nucleares

Nuclenor optó por parar la producción de Garoña un año antes de que acabara su licencia, en plena reforma eléctrica y en oposición al nuevo impuesto sobre el combustible que consideró que le supondría un coste inasumible. La decisión le costó una sanción de 18 millones de euros por un cierre no autorizado.

Gracias a una modificación normativa impulsada por el Ejecutivo de Rajoy en 2014, Nuclenor pudo pedir la renovación de la autorización para operar Garoña hasta 2031, cuando cumpliría 60 años de vida útil. Desde entonces, la operadora de la central burgalesa ha invertido unos 358 millones de euros para mantener la planta en situación de reversibilidad. Unos costes elevados que están en el centro de la discusión entre los accionistas de Garoña.

Para lograr la autorización, el CSN debía dar su visto bueno. Lo hizo el pasado mes de febrero, aunque imponiendo unas condiciones e inversiones necesarias por alrededor de 300 millones para asegurar que la planta cumplía con un escenario de seguridad posterior al accidente de Fukushima. Tras ese informe, el Gobierno tenía la pelota en su tejado para definir el futuro de la central y ha utilizado casi los seis meses de plazo para analizar la postura de todos los implicados y pronunciarse al respecto.

En este tiempo, Iberdrola decidió “dar marcha atrás” y oponerse a la reapertura por considerar que la operación no es rentable pidiendo a su socio en Nuclenor que desista en la explotación de la planta. Desde Endesa, sin embargo, se ha defendido que la energía nuclear sigue siendo necesaria en el mix de generación energética hasta 2040 y que, sin ella, los precios del mercado mayorista incrementarían, elevando la factura a los ciudadanos. 

Desde febrero, no han faltado los informes independientes que aseguraban las millonarias pérdidas de la central si seguía operando dado el escenario fiscal tachado de "barbaridad" en el sector nuclear, así como las inversiones de tres dígitos que requería para mejorar la seguridad que, en opinión de Iberdrola, hacían inviable mantener activa la planta. A Endesa, aunque presionara por seguir adelante, tampoco le salen las cuentas. En el último ejercicio, Nuclenor declaró pérdidas por 67,15 millones, un 47% más que en 2015. En los cinco años que ha estado cerrada, Garoña ha generado un agujero de casi 450 millones a Endesa e Iberdrola.