¿Hasta cuándo hay tiempo de reclamar por la resolución de Banco Popular? La novedad del caso hace que los abogados no se pongan de acuerdo, pero sí coinciden en una cosa: el plazo no se ha agotado. Los afectados aún se podrían sumar a los recursos abiertos.
La lectura más restrictiva de las normas jurídicas aplicables al caso establece una fecha tope de dos meses desde la resolución del banco: lunes 7 de agosto. Esta es la pauta que han seguido los despachos de abogados que han presentado recursos contra el procedimiento, a fin de asegurarse la atención de los magistrados del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Sin embargo, comparten ampliamente la idea de que hoy no es el último día para que los afectados puedan rebelarse contra el mecanismo que de la noche a la mañana valoró toda su inversión a cero euros.
Aunque el tiempo para presentar recursos contra la resolución del Banco Popular por parte de las autoridades españolas y comunitarias comenzó a contar el mismo 7 de junio en el que se hizo efectiva la medida, desde Navas & Cusí consideran que hay margen, al menos, hasta el próximo 1 de septiembre. A tenor de este convencimiento, no será hasta entonces cuando este despacho registre su reclamación, pues ¿el mes de agosto es inhábil en la jurisdicción contencioso-administrativa¿, según el socio-director del mismo, Juan Ignacio Navas.
Este argumento, válido para los procedimientos que se circunscriban a los juzgados españoles, da total margen de maniobra para la incorporación de más afectados hasta el mes que viene. Sin embargo, desde Rúa Abogados, su socio-director Pablo Rúa considera que la incorporación de nuevos demandantes de cara al proceso por cauces comunitarios ante el Tribunal General de la Unión Europea (órgano integrante del TJUE) ¿se está estudiando¿ y no está asegurada al 100%, porque hasta la fecha está reconocida para otro tipo de casos dada la novedad del presente. Lo que sí consideran es un plazo a partir de este lunes en el que se podrán subsanar defectos en los recursos presentados que, según recoge el reglamento de procedimiento del organismo judicial comunitario se estimarán en un ¿plazo razonable¿ fijado por la Secretaría de la institución.
Más optimistas se muestran desde Cremades & Calvo Sotelo, bufete jurídico germen de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec). El socio del despacho Ernestro Trigueros considera que una interpretación posible de los plazos podría establecer como fecha de inicio el pasado 11 de julio, fecha en la que se publicaron y registraron todos los detalles y términos de la resolución. En este sentido, el calendario no habría empezado a correr el 7 de junio, si bien el letrado confirma que desde su equipo se ha querido apostar por la ¿interpretación más conservadora¿, de manera que el recurso ha quedado registrado ya este lunes.
En atención a la segunda interpretación de los plazos, Trigueros se muestra convencido de que la vía más asequible para la incorporación de nuevos afectados será su agregación a los recursos ya presentados mediante el envío de documentación adicional a los magistrados del TJUE. Es más, el letrado considera que en atención a otros casos de recurso resueltos por el Tribunal, se dan hasta 15 días de prórroga al plan inicialmente establecido, con lo que espera que sigan sumándose afectados hasta el próximo 26 de septiembre si se equipara el procedimiento con el seguido para otros casos.
La novedad de este proceso, pues lo acontecido con el Popular ha supuesto la primera aplicación del Mecanismo Único de Resolución de bancos para la Zona Euro, hace que los criterios de los abogados con base en las normas y usos aplicables sean dispares, así como sus previsiones de futuro para el caso, por lo que evitan establecer posibles calendarios de respuesta de la institución judicial comunitaria. En cualquier caso, Rúa explica que la vía de la acumulación de recursos es el camino más probable entre todos los presentados por distintos bufetes y asociaciones, pues así lo recoge el Artículo 68 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal. Una certeza que comparte con sus colegas de profesión que siguen el caso.
Desde el despacho B. Cremades & Asociados, explican que en su recurso contra la resolución del Popular solicitan copia del informe elaborado por la consultora Deloitte que, de urgencia, recomendaba la aplicación del rescate interno y la posterior venta de la entidad. Asimismo, han solicitado al tribunal europeo ¿la comparecencia e interrogatorio de varios funcionarios europeos¿ y españoles, entre ellos Elke König, presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR); el ministro de Economía, Luis de Guindos Jurado; la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría; y el gobernador del Banco de España, Luis María Linde.