FROB, Emilio Saracho, Ángel Ron, la Junta Única de Resolución (JUR)¿ son muchos los culpables señalados por aquellos que en la madrugada del 6 al 7 de junio vieron volatilizarse todo lo invertido en Popular tras la decisión europea de aplicar la resolución del banco. Y mucho más numeroso que esos culpables señalados, es el número de demandantes, agrupados en distintas asociaciones y bufetes de abogados que llevan meses preparando sus reclamaciones.
Para empezar, los expertos recuerdan que aquellos que hayan optado por la vía penal son los que buscan la responsabilidad de los gestores del Popular. Una opción que han tomando grandes inversores y fondos, que luego también han interpuesto demandas civiles, aconsejadas para los minoristas, al ser más rápido y más barato si se tienen pruebas para ganar.
El pasado jueves terminó el plazo para que los afectados presentaran sus recursos ante Europa (el plazo era hasta el siete de agosto con una prolongación de 10 días más). Los afectados que quieran interponer recursos ante la Audiencia Nacional, que también da un plazo de dos meses, podrán hacerlo, sin embargo, hasta el próximo 7 de septiembre, puesto que en España el mes de agosto se considera inhábil en materia judicial.
El despacho Rúa Abogados era el último en sumarse a los recursos ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), con un tercero ante el elevado número de solicitudes que ha recibido. El bufete ya presentó sendos recursos los pasados 5 y 7 de agosto.
Del mismo modo han apurado el plazo un grupo de grandes fondos tenedores de bonos de la entidad, representados por el despacho Quinn Emanuel. Entre ellos se encuentra la firma estadounidense Anchorage Capital y las británicas Algebris y Ronit Capital, que ayer presentaron también sus recursos ante el TGUE, argumentando que la Junta Única de Resolución (JUR) faltó al secreto profesional al filtrarse información sobre supuestos problemas en la entidad que desembocaron en una masiva salida de depósitos y también critica supuestos "errores" en el proceso de resolución así como una "excesiva precipitación" de la Comisión al refrendar la decisión de la JUR. La firma también ha enviado un recurso contra la Comisión, subrayando su "incapacidad" para evaluar el mecanismo de resolución de la JUR.
El despacho Navas & Cusí también ha puesto sus ojos en la JUR, y el pasado 15 de agosto presentó un escrito ante el panel de recursos del Mecanismo Único de Resolución (MUR) como respuesta a la propuesta de la JUR de inadmitir su recurso contra la resolución. La institución esgrime que el despacho no reclamó la documentación que llevó a acometer la resolución antes de que esta se produjera, como establece el reglamento.
Otros bufetes y firmas como la Asociación Independiente de Afectados del Popular ya presentó hace semanas sus respectivos recursos ante la JUR. Pero Europa no es el único objetivo judicial de los afectados. Asufin, por ejemplo, optó por querellarse contra los antiguos administradores del banco y su auditora, PwC.
En el mismo sentido se ha dirigido la OCU, que logró la primera querella admitida por la Audiencia Nacional, y, tras los pasos dados en España, también ha presentado un recurso de anulación ante el Tribunal General de la UE. Mismos pasos seguidos por la Aemec que, a través del despacho Cremades & Calvo-Sotelo, considera que la situación de liquidez y solvencia del banco no justificaba la resolución, y ha pedido en sus demandas europeas una compensación a los accionistas de 1,85 euros por título.
Por su parte, Elpidio Silva Abogados, el bufete del exjuez inhabilitado tras la instrucción del `Caso Blesa¿, ha optado por centrar sus demandas en los antiguos gestores del banco.
GRANDES ACCIONISTAS, DIVERGENCIA EN LOS PLAZOS
Entre los grandes accionistas, el grupo encabezado por Antonio del Valle, que controlaba algo más de un 4% del banco, también anunció hace unas semanas una demanda ante el tribunal europeo considerando "ilegal" la intervención. Por su parte, la familia chilena Luksik se suma a la batería de demandas europeas, pero ha preferido esperar a septiembre argumentando que no fue hasta el 12 de julio cuando se conoció la decisión no confidencial de la JUR. Consideran que el plazo de dos meses para interponer recursos comienza en esa fecha.
PRÓXIMAS FECHAS CLAVE
1. Después de que haya terminado el plazo para recurrir ante el tribunal europeo, los movimientos se centrarán ahora en territorio nacional. Si los demandantes consideran demandar por su actuación al BANCO DE ESPAÑA, dentro de un delito de responsabilidad patrimonial del Estado, el plazo para demandar es de un año desde la resolución del Popular. Es decir, hasta el 7 de junio de 2018.
2. VÍA PENAL. Si se opta por la vía penal, los afectados tienen un plazo desde la resolución del banco (porque fue el momento en el que se enteraron del daño causado), de unos 10 años, hasta prescripción de delito.
3. ACCIÓN CIVIL. La acción civil, por la que optarán aquellos que apuesten por recuperar el dinero perdido (especialmente los que acudieron a la ampliación de capital de 2016), contempla dos plazos distintos. Por un lado, 4 años desde que se tiene conocimiento del daño causado, y 1 año por daños y responsabilidad contractual (que, en el caso del Popular, sería para aquellos que vayan con los antiguos gestores del banco, Ángel Ron y Emilio Saracho.