En su escrito de calificación, el fiscal pide penas de entre 7 y 31 años y medio de prisión para los procesados, entre ellos el exdirector general de CIPSA Carlos F., y a varios de ellos les acusa también de defraudar 1,8 millones de Hacienda en los impuestos del IVA y de sociedades.

El ministerio público acusa a los miembros de la trama de los delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad documental, insolvencia pública y contra la Hacienda pública y pide que se les condene a indemnizar en las cantidades defraudadas a CIPSA y el resto de sociedades involucradas.

Según sostiene la Fiscalía en su escrito de acusación, entre 2005 y 2008 los acusados decidieron detraer dinero a través de 11 operaciones de compra-venta de solares realizadas mediante la inmobiliaria CIPSA y sociedades que ellos controlaban.

Concretamente, señala el ministerio público, los procesados emitieron varias facturas a través de las cuales CIPSA les refacturaba gastos correspondientes a servicios inexistentes o servicios que la inmobiliaria no había prestado.

En otras ocasiones, añade el escrito de calificación, los procesados procedían a desviar fondos "mediante la emisión directa" de facturas por servicios que no habían sido prestados a las sociedades que ellos controlaban.

A través de dicho método, sostiene la Fiscalía, entre los años 2005 y 2008 los procesados consiguieron desviar casi 7 millones de euros de las empresas Promou CT Interpromo, San Marcos CIPSA, CUBICAN CIPSA, OSONA CIPSA y URBILAND INVERSORA.

Asimismo, según el ministerio público, los directivos de CIPSA transmitieron activos de la inmobiliaria a favor de empresas vinculadas a ellos mismos, "sin causa económico-financiera alguna que justificase la citada transmisión, todo ello con la finalidad de evitar su sujeción a las resultas del procedimiento concursal".

Por ese motivo, añade la Fiscalía, en el proceso concursal de CIPSA no se pudieron cumplir los requerimientos de pago, ni se pudo embargar bienes para cubrir lo reclamado por no existir bienes libres de cargas reales susceptibles de embargo.

La Fiscalía acusa también a los exdirectivos de CIPSA de haberse deducido una serie de facturas falsas que no amparaban gastos reales en las declaraciones tributarias del impuesto de sociedades de los años 2005 y 2006.