Los dueños de la R-2 presentan alternativa para intentar salvarla in extremis

Según han informado a Efe fuentes cercanas al proceso, la propuesta que le presentarán durante la Junta de Acreedores, fijada para el 26 de septiembre, no tiene impacto sobre el déficit público y el Gobierno "no sólo recuperará todo el dinero invertido en la carretera, sino además todos los intereses devengados".

Además, subrayan las mismas fuentes, se salvarán los empleos ligados a la concesión y se garantizará la operación de la autopista, que entró en concurso de acreedores en septiembre de 2013 y cuya deuda nominal asciende a 850 millones de euros.

Fuentes del mercado han asegurado a Efe que la solución pasa por una quita de deuda y extender los plazos de la concesión.

Las tres partes, que reconocen ser pesimistas por anteriores rechazos de sus propuestas por parte de la Administración, advierten de que de no ser aprobada su propuesta de convenio, la autopista será liquidada y el Estado perderá el dinero invertido en la concesión.

Accionistas y acreedores avanzan también que la liquidación acabará en un nuevo litigio contra la Administración General del Estado, pues consideran que su decisión de no inyectar fondos a la concesionaria, como se había comprometido, ha sido la que ha causado la quiebra de la R-2, al tiempo que ha conllevado su enriquecimiento ilícito.

"Estos litigios podrían acabar acarreando cuantiosos daños para la Administración", han subrayado las mismas fuentes, que han criticado la falta de voluntad negociadora del Gobierno.

La construcción de la R-2, que discurre a lo largo de 62 kilómetros entre Guadalajara y la M-40, fue adjudicada a Autopista del Henares, Henarsa, en su día participada por Abertis, ACS, Acciona y Globalvia.

Posteriormente, fondos internacionales, como King Street, Taconic y SVP Global, compraron su deuda.

El objetivo del Gobierno es recepcionar las autopistas en concurso según vayan siendo liquidadas y volver a relicitarlas, seguramente en un único paquete, en 2018.

Con los ingresos que obtenga con la relicitación, el Ejecutivo prevé minorar el impacto de la denominada Responsabilidad Patrimonial del Estado (RPA) a la que deberá hacer frente, que algunas fuentes sitúan en unos 3.500 millones de euros y que Fomento asegura que será sensiblemente inferior.