Los expertos y consultores relacionados con el sector llevan meses lanzando el mismo mensaje: la intervención del Popular fue precipitada y podría haberse resuelto de otra manera. En el éxito final de la operación fue clave que en la misma noche de la intervención existiese un `comprador¿, en este caso Banco Santander, que pagó por la entidad un euro como valor simbólico. Pero los economistas lo tienen claro. Pueden darse casos en los que la entidad resuelta no tenga la suerte de contar con un `papá cántabro¿.

José Manuel Campa, director de relación con supervisores y reguladores del banco, confirmaba esta semana que las deficiencias que ha mostrado la aplicación del Mecanismo Único de Resolución (MUR) en Popular han acelerado el debate sobre las primeras reformas de una normativa que prácticamente acaba de estrenarse, después de mucho tiempo de intensos debates y modificaciones para su definitiva aprobación.

Entre otras, se estudian medidas de apoyo de liquidez adicionales en la transición que se produce antes de que un banco desaparezca o se integre en otro. Los problemas de liquidez que llevaron al abismo a Popular han puesto en evidencia que la actual herramienta para evitarlos, el ELA (Emergency Liquidity Assistance ) del Banco Central Europeo (BCE), no es suficiente en ciertos casos. De hecho, en Popular fue Santander quien inyecto 13.000 millones de euros de liquidez de urgencia, para que la entidad pudiese abrir sus oficinas al día siguiente.

Una mala experiencia que ha provocado que entre las propuestas no solo para lograr liquidez, sino para ganar tiempo en el propio proceso de resolución bancaria, Bruselas esté debatiendo también la posibilidad de controlar los movimientos de depósitos, cuya fuga desembocó en la liquidación del Popular. ¿Existe la posibilidad de que se establezcan moratorias en los depósitos como instrumento de resolución para ganar tiempo hasta que se decida la herramienta del mecanismo de resolución adecuada para un caso concreto¿, explican desde KPMG. Un corralito en toda regla.

Entre esas herramientas de resolución que destacacan la venta de parte de negocio, la segregación de activos, el propio `bail in¿ o la creación de un banco puente para preservar los activos sanos de las entidades intervenidas.

Otro `melón¿ que el caso Popular ha abierto en Europa es el de los activos elegibles que la banca debe mantener en balance para acudir a ellos en caso de quiebra. Actualmente, el requisito de Bruselas se establece en el 27% de los activos ponderados por riesgo. Pero para los expertos la cifra es demasiado elevada. Según explican desde la AEB, es necesario contar con instrumentos de bail in de mayor calidad, pero advierten que ¿habrá entidades europeas de menor tamaño a las que les costará mucho acceder a los mercados a precios razonables¿.

En este sentido, la mayoría coincide en la urgencia de avanzar hacia la Unión Bancaria, empezando por ampliar la dotación del fondo de resolución que actualmente mantiene unos 16.000 millones de euros. Se espera que la cifra alcance los 55.000 millones antes de 6 años, un montante todavía bajo para algunos expertos.

Para José María Roldán, presidente de la AEB, el caso Popular también ha demostrado por qué los bancos europeos deben ser más ambiciosos hacia este movimiento de integración. No solo se refiere a las fusiones bancarias entre entidades de distintos países. ¿¿Por qué no tener un reglamento comunitario que unifique productos como el crédito?¿, se pregunta.  Y posiblemente él mismo se responde al explicar que Europa ¿solo avanza cuando se dan situaciones de crisis¿. ¿Lo que me preocupa es que ahora que las cosas van mejor, se relajen las expectativas cuando ni siquiera hemos constituido todavía una unión bancaria plena¿, advierte.