El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 incoa diligencias igualmente contra el consejero delegado de la compañía, Juan Carlos Torres Inclán; el que fuera viceministro de Energía hasta 2006 en Venezuela, Nervis Gerardo Villalobos; Milagros Coromoto, mujer de Villalobos; el presidente de Técnicas Reunidas (Terca), Luis Barrios Melean, el exviceministro de Desarrollo Eléctrico de Venezuela, Javier Alvarado Ochoa, y la consultora jurídica, Julia Van Den Brule, todos ellos en calidad de personas físicas.
Igualmente la querella se dirige contra las sociedades Duro Felguera S.A, Técnicas Reunidas TERCA e Ingeniería Gestión de Proyectos de Energía (Ingespre) en calidad de personas jurídicas por los hechos fruto de la investigación surgida en 2015 a partir de un informe del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), que detectó "indicios de criminalidad" por pagos en una cuenta del ya extinto Banco Madrid, del que eran clientes los políticos sobornados.
En el texto de la querella el Ministerio Fiscal acusa a Torres y a Del Valle de haber firmado una serie de contratos con entidades y personalidades venezolanas relacionadas con el Gobierno del país entre 2008 y 2011, cuyo objetivo era encubrir el pago de comisiones o sobornos a funcionarios públicos venezolanos para favorecer los intereses de la empresa.
A través de tres contratos de prestación de servicios de asesoramiento y asistencia técnica con Técnicas Reunidas y con Ingespre --también querelladas por estos delitos--, los responsables de Duro Felguera entregaron, al menos, 105,62 millones de dólares (89,08 millones de euros) al entonces miembro del Gobierno de Hugo Chávez Nervis Villalobos para que utilizase su capacidad de influencia en la Administración venezolana en beneficio de la compañía.
FIRMA DE CONTRATOS
La empresa española firmó en 2009 un contrato con la venezolana C. A. Electricidad de Caracas (EDC), empresa pública filial de Corporación Eléctrica Nacional, para la construcción de la central de ciclo combinado de Termocentro, por un importe de más de 1.500 millones de euros.
El proyecto se enmarcaba dentro de los planes de la Administración venezolana para atender el crecimiento de la demanda eléctrica de Caracas y su área de influencia. En ese momento, el presidente de EDC era Javier Alvarado Ochoa quien ocupó el cargo hasta que en 2010 fue nombrado viceministro de Desarrollo Eléctrico.
Dos de los tres contratos denunciados por Anticorrupción fueron firmados el 3 de diciembre de 2008 en Caracas entre Técnicas Reunidas Terca y Duro Felguera, y en ellos intervinieron el venezolano Luis Barrios Melean y Francisco Martín Morales de Castilla (representando a Duro Felguera), contra quienes también se dirige la querella.