Iberdrola declara este jueves en la AN por la subida de la luz de 2013

La Audiencia Nacional ha llamado a declarar este jueves a Iberdrola Generación, filial de Iberdrola, en la causa que se sigue contra la eléctrica por un presunto delito contra el mercado y los consumidores por la supuesta subida artificial del precio de la luz a finales de 2013.

En concreto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha citado a Francisco de Borja García Ruiz, directivo del área jurídica de Iberdrola, que no está imputado en el caso, y que comparece como representante de Iberdrola Generación España, informó Facua-Consumidores en Acción, que ejerce la acusación particular en la causa.

García Ruiz trabajaba en 2013 en los servicios jurídicos del área de Desarrollo Corporativo de la eléctrica y es el actual secretario del consejo de administración de Iberdrola Ingeniería.

A principios de este mes de octubre, el juez de la Audiencia Nacional declaró compleja la causa y, por tanto, la prorroga de la instrucción durante 18 meses más.

En concreto, el juez Ismael Moreno adoptó esta decisión y prolongó la investigación hasta octubre de 2018, atendiendo así la petición de la Fiscalía, que en mayo denunció ante este órgano a la eléctrica por un delito presuntamente cometido por los directivos o empleados de la empresa.

La denuncia, presentada por el fiscal Anticorrupción Antonio Romeral, expone que la compañía adoptó decisiones que llevaron al "alza artificial del precio de la energía eléctrica en el período transcurrido entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013" y le acusa de obtener "un lucro ilícito de 20 millones" en el mercado mayorista de electricidad en diciembre de 2013.

Fue precisamente en diciembre de 2013 cuando el Gobierno se vio obligado a suspender el sistema de fijación de precios trimestral de la Tarifa de Último Recurso (TUR) y crear el actual Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC). La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso a la eléctrica que preside Ignacio Sánchez Galán una multa de 25 millones por manipulación al reducir la oferta para subir los precios.