Aunque la crisis de Cataluña no afecta tan directamente al Banco Santander como a algunos de sus competidores, José Antonio Álvarez, el consejero delegado de la entidad presidida por Ana Botín, se vio obligado a responder a varias cuestiones sobre este tema planteadas por los medios tras la presentación de resultados del grupo al cierre del tercer trimestre de 2017.

Y Álvarez no tuvo problema en coger el toro por los cuernos para señalar que, como han hecho CaixaBank y el Banco Sabadell, “probablemente hubiéramos seguido la misma senda” de haber tenido la sede social en Cataluña.

Minimizar los riesgos

“Las empresas tenemos una función, la de tomar decisiones para proteger a clientes y accionistas de cara a minimizar los riesgos”, explicaba el CEO del grupo presidido por Ana Botín al justificar la decisión que hubieran tomado de haberse dado esa eventualidad.

No era el caso. Y, a partir de aquí, trató Álvarez de quitar hierro al desafío secesionista que se vive en Cataluña, dando por sentado que el Santander “no contempla” un escenario en el que esta región de España pueda ser independiente. Y, por ello, “seguimos trabajando en Cataluña con normalidad. No vemos la región como un microcosmos aislado, sino en el contexto general de España”, sobre todo ahora que, tras la compra del Popular, “alcanzamos una cuota de mercado del 13%”.

Incertidumbre prolongada en Cataluña

La única amenaza que percibe el consejero delegado del Santander, derivada del proceso soberanista catalán, se enmarca en el hecho de que la incertidumbre se prolongue durante mucho tiempo. En ese caso, la caída de las inversiones -“todavía no relevante”, apuntaba Álvarez- sería considerable. Lo mismo que el impacto sobre el PIB que, de solucionarse el conflicto, se quedará en “algo marginal”.

Al margen del tema catalán, y centrado ya en las cuestiones relativas a la actualidad del grupo, las repercusiones de la compra del Banco Popular centraba buena parte de la rueda de prensa tras la presentación de resultados.

Salidas de personal

Entre estas cuestiones, la de la reestructuración organizativa prevista para llevar a cabo una previsible reducción de personal para ahorrar costes. “En las próximas semanas empezaremos a negociar con los sindicatos la reorganización de los servicios centrales, dejando para 2019 la correspondiente a la red de sucursales, una vez que se haya producido la total integración informática”, comentaba el consejero delegado del Santander .

Una integración que Álvarez reiteraba, en varias ocasiones, tiene como fin “ir hacia la marca única”, descartando que Popular y Pastor fueran a tener cabida alguna en la futura identidad corporativa de la entidad. “Esa es nuestra intención y nuestra política de siempre. Hemos puesto ya Grupo Santander en la mayoría de las sucursales del Popular, y progresaremos en esa dirección”, zanjaba el CEO del banco.

Aceptación del bono de fidelización 

Respecto a la acogida del bono de fidelización ofrecido a los accionistas minoritarios que acudieron a la ampliación del Banco Popular en junio de 2016, José Antonio Álvarez confirmaba haber captado la adhesión del 60% del volumen de la emisión de bonos, que se eleva a un total de 980 millones.

Un porcentaje que queda por debajo de ese 60% respecto al total de clientes que se buscan. “Queda mes y medio y la gente siempre espera hasta el último momento, por lo que al final estaremos en línea con las expectativas previstas”, confiaba el consejero delegado del Santander. 

200 millones pagados por cláusulas suelo del Popular

También en relación con el Popular, el responsable del Santander reconocía que el banco adquirido, que “tenía muy poca actividad productiva” cuando lo compramos, ha cambiado la tendencia y, desde septiembre, “ya estamos percibiendo crecimiento”. Y que, respecto al problema heredado de las cláusulas suelo, ya se han abonado algo más de 200 millones de euros abonados a los clientes afectados.

Al margen de la integración del Popular, la obsesión del Santander de fagocitar de una vez por todas su exposición inmobiliaria también salía a la palestra. Un aspecto que, confía Álvarez, quede en algo “no material en el contexto del grupo” a finales de 2018, dejando los actuales 5.900 millones de euros en una horquilla “normal” de entre 1.000 y 2.000 millones de euros.

Gestión del ladrillo y futuro dividendo 

La gestión de estos activos inmobiliarios volvía a arrojar unas pérdidas de 70 millones de euros entre julio y septiembre, “en línea con los trimestres anteriores”, acotaba José García Cantera, el director financiero del grupo.

Respecto al futuro reparto del dividendo, y de que este pueda repartirse en el futuro todo en efectivo, Álvarez precisaba que, cuando se alcance la ratio de capital del 11% en 2018, se determinaría, por parte del consejo, si se destina el dinero a aumentar la retribución a los accionistas o a un mayor crecimiento orgánico.