La banca española está dando prácticamente por cerrada la vía extrajudicial para la devolución de las cantidades abonadas por cláusulas suelo indebidas. Un procedimiento abierto el pasado mes de febrero por el Gobierno tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que dos meses antes -en diciembre de 2016- dictaminaba la retroactividad total en la devolución de las cláusulas suelo que se aplicaron sin transparencia.

Tras este varapalo judicial, los bancos hicieron provisiones por más de 3.000 millones de euros sobre un riesgo potencial de unos 4.700 millones. Cantidades muy por encima de lo que, en base a esa vía extrajudicial, han abonado hasta ahora. Unos 900 millones de euros -el 30% de lo provisionado y el 20% del riesgo potencial- a unos 200.000 clientes. Muy lejos de los 2,5 millones realmente afectados.

Balance de la Comisión de Seguimiento

Aunque no será hasta este martes cuando las entidades faciliten el balance de este proceso extrajudicial a la Comisión de Seguimiento creada a finales de mayo -y reunido por primera vez en julio-, la presentación de resultados de los bancos al cierre del tercer trimestre ha servido para que las entidades avancen, con mayor o menor detalle, las solicitudes recibidas y el importe abonado a aquellas que fueron aceptadas.

“Hemos abonado unos 200 millones por las cláusulas suelo del Popular”, comentaba José Antonio Álvarez, consejero delegado del Santander, para dar por zanjado el agujero heredado por este asunto. La cantidad devuelta equivale al 39% de los 511 millones que el Popular había provisionado.

Desde CaixaBank fueron más explícitos a la hora de realizar el balance de esta gestión. Gonzalo Gortázar, su consejero delegado, confirmaba que el banco había recibido 94.000 solicitudes, que el 48,5% habían sido rechazadas y 48.400 aceptadas.

De éstas habían abonado 210 millones a unos 43.570 clientes, con una media cercana a los 5.000 euros, y quedarían por desembolsar otros 23 millones a otros 4.830 clientes. En el caso de la entidad presidida por Jordi Gual, el importe de lo devuelto equivale al 35% de los 625 millones dotados como provisión.

Sabadell devuelve el 23% de lo provisionado

También estaría el Sabadell en un porcentaje similar de solicitudes rechazadas -algo menos de la mitad de las presentadas- al entender que, como vienen reiterando, sus cláusulas suelo se ajustaron a la normativa de transparencia. Hasta septiembre, la entidad presidida por José Oliu había devuelto 95 millones de euros. En este caso, solo el 23% de los 410 millones provisionados.

A estas cantidades se suman los 170 millones que Bankia, ya en mayo, había devuelto a los 34.000 clientes que se habían acogido a un procedimiento exprés, con el que el banco presidido por José Ignacio Goirigolzarri -a la vista de lo ocurrido con las preferentes- optaba por reintregar todo lo solicitado por los clientes y evitar entrar en un sinfín de litigios.

Desde el BBVA se mostraban más reacios a avanzar los resultados de esta vía extrajudicial de devolución de lo cobrado de más por cláusulas. En la presentación de resultados, su consejero delegado, Carlos Torres Vila, se limitaba a señalar que ofrecerán información “en las fechas previstas”, dando a entender que lo harán mediante la comunicación prevista ante la Comisión de Seguimiento. La entidad presidida por Francisco González tiene provisionados 577 millones de euros para cubrir esta contingencia.

Sobran 2.000 millones provisionados

A partir de aquí, una vez cerrada prácticamente esta vía extrajudicial, los bancos se encuentran con 2.000 millones de euros de provisiones no abonadas. ¿Se van a liberar para su reintegro en el capital de las entidades? Desde CaixaBank -al que le sobran unos 400 millones de estas provisiones- comentan a EL ESPAÑOL que no tienen intención de liberar este capital.

Se curan en salud ante la que se avecina. Tanto este banco como el resto de entidades empiezan a ver con cierta inquietud cómo se ha abierto de par en par la vía judicial, por la que los clientes tratan de recuperar cantidades abonadas de más. Las que no han logrado mediante el procedimiento extrajudicial pactado entre el Gobierno y los bancos.

Aluvión de demandas

Así, ante el aluvión de demandas que empezaron a acumularse en los juzgados, el pasado 1 de junio el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se veía obligado a poner en marcha un plan de urgencia con juzgados de Primera Instancia especializados –uno por provincia en la península y uno en cada isla de los archipiélagos canario y balear-, que desde entonces conocen, de manera exclusiva y no excluyente, de los litigios relacionados con las acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física.

En estos asuntos, además de las cláusulas suelo, también se incluyen litigios referidos a vencimientos anticipados, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa.

Gastos de formalización de hipotecas

Aunque la sentencia del Tribunal Supremo, que considera nulas las cláusulas que se imponen al consumidor sobre gastos de formalización de hipotecas, data de diciembre de 2015, no ha sido hasta este año cuando, al amparo del impacto mediático de las cláusulas suelo, cuando los despachos de abogados han empezado a animar a los afectados a presentar demandas por este tema.

Hasta el pasado 8 de septiembre se habían presentado ante estos 54 juzgados más de 57.000 demandas, y desde el CGPJ prevén que se eleven a un mínimo de 200.000 a mediados de 2018.

Teniendo en cuenta las cantidades medias incorporadas en cada demanda -de unos 10.000 euros por gastos hipotecarios y de unos 4.500 por cláusulas suelo-, serían unos 1.700 los millones de euros reclamados en esas 200.000 demandas.

Arriaga: 85.000 demandas y 700 millones en juego

Solo desde el despacho de abogados Arriaga y Asociados, su fundador y socio director, Jesús María Ruiz de Arriaga, asegura a EL ESPAÑOL que “cerraremos 2017 con unas 85.000 demandas presentadas. Dos tercios por gastos hipotecarios y un tercio por cláusulas suelo”. Serían unos 700 los millones de euros que este despacho intenta recuperar en los tribunales para sus clientes afectados.

Y el asunto pinta bien. Ruiz de Arriaga confiesa que su despacho está ganando “entre 30 y 40 juicios cada día”, en línea con los datos que estos juzgados especializados están facilitando. Hace unos días, el de Asturias comunicaba que, de las 413 sentencias notificadas, solo 3 habían sido favorables a los bancos.

Los juzgados no dan abasto

No obstante, el ritmo de evacuar sentencias por parte de estos juzgados lleva camino de eternizarse si las demandas siguen aumentando. Estos juzgados especializados no dan abasto. “En Madrid, el juzgado 111 bis tiene operativas dos salas que, como mucho, pueden celebrar 8 juicios al día cada uno. Unos 16 al día y unos 400 al mes”, echa cuentas el director de Arriaga.

En general, la jurisprudencia que están sentando estos juzgados especializados deja a las entidades financieras ante una difícil situación. La primera sentencia dictaba la semana pasada por la nueva juez del juzgado especializado en gastos hipotecarios de Navarra deja claro el tema.

Devolver todo menos el impuesto de actos documentados

A la demanda presentada por una cliente del BBVA, que reclamaba un total de 9.384 euros, la magistrada anulaba la cláusula suelo y los gastos de notaría y de registro del contrato de la hipoteca.

De esta manera, condenaba al banco a devolver 5.511 euros de la cláusula suelo, 154 de los aranceles del registro y 604 de la notaría. Únicamente rechazaba la juez la pretensión de la cliente de que también le fueran reintegrados 1.720 euros por el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.