La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) lo tiene claro: el mercado regulado de la energía es el más conveniente para los consumidores.

Aunque este año está siendo complicado por la situación climática, con una sequía que está hundiendo la producción hidroeléctrica y, en consecuencia, encareciendo el precio en el mercado mayorista por la necesidad de utilizar más gas para generar electricidad, la tarifa regulada, conocida como Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), es la opción más barata de las disponibles en el mercado. 

En países como España, donde la generación de origen hidráulico tiene más impacto sobre el precio del mercado, "no podemos aspirar a que en los años secos se tengan los mismos precios que en los años de lluvia", ha señalado a periodistas el presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, durante la jornada dedicada a la protección al consumidor "¡Fair Play consumidores!". "Este año es complejo desde el punto de vista de los precios y de la generación eléctrica barata y, por tanto, los precios no van a ser cómodos", ha agregado.

Pese a esto, un año en que los precios han escalado un 12% hasta octubre a causa de la sequía y una menor generación renovable, Marín Quemada, ha mostrado su preferencia por el mercado regulado. "Depende de cada consumidor, pero yo prefiero la tarifa regulada".

Según el último Informe de Supervisión de las Ofertas del mercado minorista de gas y electricidad para los consumidores domésticos y pymes, entre julio de 2015 y junio de 2016, el PVPC supuso un ahorro en la facturación de 32 euros al año, un 6% de la facturación anual. Para Competencia, este ahorro respecto a las ofertas del mercado libre pone de manifiesto que las comercializadoras no han trasladado a sus ofertas toda la bajada del precio que ha registrado el precio de la energía en los mercados mayoristas.

En concreto, en el mercado del gas, la diferencia entre estar en el mercado regulado (TUR) y la tarifa más barata del mercado libre supone un ahorro para el consumidor de entre 30 y 44 euros al año según el consumo. Esta cantidad supone entre un 4% y un 13% de su factura anual en el período analizado por la CNMC.

Tarificación más clara para los usuarios

Esta diferencia entre los precios del mercado regulado y los del mercado libre hacen más importante aún la transparencia y la información para que los consumidores tomen una decisión acorde a sus necesidades, defienden desde Competencia. "Pero aún queda un trecho por andar", reconoce Marín Quemada.

Casi siete de cada diez hogares españoles desconoce a qué tarifa está sujeto su recibo de la luz. En el caso del gas, el número es mayor: un 74% de los hogares lo desconoce. Es más, el 41% de los hogares tampoco sabe el tipo de tarifa eléctrica contratada y un 24% desconoce la potencia contratada, según la CNMC.

Desde el órgano supervisor señalan la relevancia que tiene para los consumidores que el nombre de las comercializadoras de referencia sea, en muchas ocasiones, muy similar al que se utiliza para operar en el mercado libre y señalan la confusión que eso puede generar sobre todo para los usuarios considerados vulnerables. 

"No es fácil. Los servicios energéticos en España, específicamente los que afectan a los ciudadanos de a pie como la electricidad y el gas, tienen una tarificación que desde el punto de vista técnico puede ser clara, pero desde el punto de vista de la percepción de los usuarios, de los que finalmente pagan la factura, no es demasiado clara", ha señalado Marín Quemada. "Todos tenemos que trabajar para que cada vez lo sea más y las personas que pagan por estos servicios sepan qué pagan y por qué lo pagan".

En este sentido, ha reconocido que el organismo trabaja en una serie de medidas para mejorar la transparencia, pero destaca que son las propias empresas las que deben también preocuparse por facilitar esta comprensión a los consumidores. 

Sobre la dificultad que tienen los usuarios para interpretar las facturas de los servicios de energía y diferenciar a las empresas comercializadoras, Carmen Lence, de la Oficina del Defensor del Pueblo ha destacado que a veces las empresas sólo se diferencian por unas siglas que no son fácilmente entendibles por los clientes, por lo que ha propuesto que la factura sea claramente diferenciable "de un vistazo". Además, argumenta, "cuando un consumidor pasa del mercado regulado al libre, pierde el derecho a reclamar ante la administración y se pierde también el derecho a un precio regulado". 

Durante su intervención en el panel 'Por un marco limpio en el cambio de compañía de luz y gas', Lence ha hecho mención al avance que supone el nuevo bono social para los ciudadanos más vulnerables ante los cortes de suministro y ha señalado que está pendiente realizar una mejora en el mecanismo de reclamaciones.

Otro de los temas del debate ha sido los métodos que utilizan las empresas para captar nuevos clientes. Para Carmen Redondo, del Departamento de Relaciones Institucionales de Hispacoop, la captación telefónica y, sobre todo, a través de puerta fría son "muy agresivos y a veces engañosos", al mismo tiempo que no cumplen con algunas exigencias que ya contempla la legislación con la información precontractual. En este sentido, Redondo aboga por regular estas prácticas, especialmente para proteger a los clientes más vulnerables como las personas mayores, a las que se les hace contratar servicios adicionales que no desean y que no tienen la capacidad para reclamar.

Sobre este aspecto, Lence ha agregado que las mentiras que los comerciales cuentan en la venta "puerta a puerta" son difíciles de demostrar al no existir un respaldo grabado como en la venta telefónica.

Abusos en las líneas 902

Durante la jornada organizada por la CNMC, otro de los temas abordados han sido los abusos que se comenten a través de la numeración 902, que se utiliza habitualmente en servicios de atención al cliente, y los cambios que se han propuesto para proteger a los usuarios.

Desde la CNMC se propone limitar las tarifas minoristas de las llamadas con esta numeración para que al usuario se carguen las tarifas de una llamada ordinaria de fijo a fijo o de móvil a fijo. Además, el aumento de los precios e ingresos desde origen móvil a numeración fija "no ha sido trasladado a los precios de las llamadas a numeración 902", ha afirmado la subdirectora de Regulación de Comunicaciones Electrónicas de la CNMC, Virginia Rodríguez.

Otra de las críticas a este tipo de números es que las llamadas se facturen desde el momento en que se descuelga el teléfono y no cuando se empieza a ofrecer el servicio. Asimismo, uno de los llamados es que la legislación se actualice para acompañar a la evolución del sector ya que los expertos consideran que la normativa actual no contempla que los servicios de atención al cliente deban ofrecerse desde un número concreto, dejando al margen los derechos de los usuarios.

Competencia tiene abierto un expediente para investigar el actuar de las empresas prestadoras de servicios 902, ha confirmado este lunes el presidente del organismo sin ofrecer más detalles al tratarse de un tema en el que están trabajando.