Nuevo ‘round’ en el pulso entre el Gobierno y las eléctricas. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, recibe este jueves a Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, y a los presidentes de Asturias y Castilla y León, en Madrid para analizar el futuro de las centrales térmicas de Lada y Velilla que la eléctrica quiere clausurar.
Nadal recibe al presidente de la eléctrica vasca días después de insinuar que detrás de la decisión de cerrar sus dos últimas centrales de carbón en España exista la pretensión de elevar los precios. “Puede que les interese cerrar por una cuestión estratégica para que suba el precio”, señaló el ministro esta semana en Asturias tras defender la importancia de mantener las nucleares para garantizar la supervivencia del carbón.
Iberdrola anunció el pasado 10 de noviembre que había pedido a Energía autorización para cerrar sus dos últimas centrales de carbón en España, una medida que enmarca en su apuesta por las renovables y que está en línea con su política de lucha contra el cambio climático.
Según la eléctrica, el carbón representa actualmente sólo un 1,8% de su capacidad total, que supera los 48.000 MW. Las centrales de Lada, en el municipio asturiano de Langreo, y la de Velilla (Palencia), suman una potencia de 874 megavatios (MW). Su cierre no supone un problema para la seguridad del suministro eléctrico, defiende Iberdrola, ya que cuenta con 5.695 MW de capacidad de respaldo en ciclos combinados de gas.
Pero la decisión de la eléctrica se topó con el Real Decreto con el que el ministro llevaba meses amagando y por el cual se endurecen las condiciones para otorgar la autorización de cierre de cualquier tipo de planta. La postura del Gobierno es clara: no permitirá un cierre por razones económicas si no es compatible con la política energética. Respecto a esto, Nadal ha afirmado esta semana que eliminar la nuclear y el carbón del ‘mix energético’ (la combinación de fuentes de generación de electricidad), se traduciría en un encarecimiento del precio de la electricidad que tendrá consecuencias no solo para los ciudadanos, sino para las compañías que son grandes consumidoras.
Estaba previsto que en el encuentro participaran representantes de la dirección de la eléctrica pero, según la convocatoria del Ministerio, será el propio Galán el que acuda a la cita para tratar el asunto.
Aunque Iberdrola asegura que no se destruirá empleo por la clausura de ambas plantas, el presidente de Asturias, Javier Fernández, y Juan Vicente Herrera, su homólogo en CyL, acuden a la reunión con intención de defender los intereses de sus comarcas mineras. La central de Lada tiene 90 empleados y la de Velilla 80, según los datos de la eléctrica, y serán recolocados en las labores de desmantelamiento de ambas plantas y en otras instalaciones de la eléctrica. La empresa estima que el desmantelamiento durará cuatro años desde que se apruebe el cierre y supondrá una inversión de 35 millones.
Descontento en el sector con el RD de Nadal
El borrador del Real Decreto con el que Energía quiere controlar el cierre de centrales está en manos de Competencia, que debe aún emitir su informe. Aunque las eléctricas afirman que cumplirán las reglas que marque la legislación, el texto del Gobierno no ha sentado bien entre los actores del sector.
Tanto Endesa como Iberdrola señalaron en sus respectivas alegaciones su inquietud por el sentido de la norma y su posible choque con las directrices de la Comisión Europea, que es contraria a que se rechace la petición de cierre de una planta si la razón es evitar un incremento en el precio de mercado.
Fuentes del sector señalan además que en Gas Natural tampoco le ven el sentido a una norma que pretende planificar la desconexión de las plantas. La gasista estaría interesada en echar el cierre a varias de sus plantas de ciclo combinado.
El propio Nadal desvelaba esta semana que ya hay ciclos combinados de gas que han pedido su cierre en una entrevista en 'Los Desayunos' de RTVE. Según el ministro, la intención del decreto es que la clausura de estas centrales, si se autoriza, se haga de forma ordenada y bajo criterios "lógicos".
No gusta entre los grandes de la industria, pero tampoco entre los renovables. Estos últimos subrayan la falta de coherencia de una política energética que por una parte impulsa el desarrollo de renovables y está ligada a unos compromisos medioambientales a nivel europeo y, por otra, “pone condicionantes a las decisiones empresariales de cierre de centrales que las compañías no consideran viables”, destacaba la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA).