Giro en el caso Popular. La Audiencia Nacional ha comenzado los trámites para dirimir la cuestión competencial con la Unión Europea. Es decir, para analizar quién debe juzgar antes el proceso de resolución y posterior venta al Santander de la entidad.

Así lo ha comunicado en una providencia la Sala de la Contencioso-Administrativo a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. En ella ordena enviar un oficio al Tribunal General de la Unión Europea para que “certifique la existencia” de recursos contra la decisión tomada en Bruselas por la Junta Única de Resolución (JUR).

Una vez que sea enviada y recibida por el Tribunal, éste tendrá que remitir a la Audiencia Nacional toda la información disponible. Es decir, quiénes han presentado recursos, el número de procedimiento, el estado procesal y las medidas cautelares que se hayan adoptado.

De este modo, dice la providencia, se podrá valorar la “posible existencia de prejudicialidad” respecto a todos los contencioso-administrativos que están pendientes y que se dirigen contra la decisión ejecutada en España por el Fondo de Resolución Ordenada Bancaria (FROB) en España.

Con todos esos datos la Audiencia Nacional podrá decidir si atiende y procesa ya los recursos que se han presentado; o si, por el contrario, debe esperar a que resuelva la justicia europea, por lo que suspendería el caso, aunque luego podría retomarlo.

Un análisis que se produce a solicitud del despacho Ramón C. Pelayo, que considera que existe una cuestión de “prelación” entre los recursos contencioso-administrativos. A su juicio, y es lo que estima la Audiencia ahora, como la decisión adoptada por la JUR puede recurrirse ante el TJUE, éste tiene prioridad frente a los recursos presentados contra el FROB que actúa como un mero ejecutor.

En caso de que el recurso administrativo se trasladara a la Justicia Europea podría dilatar el proceso judicial; sin embargo, abre la puerta a todos aquellos despachos que han solicitado la anulación del proceso de resolución.

Al mismo tiempo podría contribuir a aportar algo de luz al caso; sobre todo, si consigue solicitar a la JUR que envíe sin ningún tipo de cortapisas toda la información disponible. Incluyendo, para ello, el famoso Informe Deloitte, en el que se recogen las valoraciones empleadas para tomar la decisión.

Tal y como ha adelantado este periódico, había cierta expectación entre los despachos de abogados en España por conseguirlo a través de los recursos contencioso-administrativos presentados hasta ahora. La Audiencia Nacional había solicitado la remisión del expediente “completo” por parte del FROB, pero éste ha enviado la versión que ofrece la JUR. Es decir, que no contiene todos los datos y mantiene la “confidencialidad” fijada desde Bruselas.