Se trata de un ejercicio muy complejo y sofisticado que no tiene precedentes. La Junta Unica de Resolución (JUR), el órgano de la UE que finiquitó el pasado junio al Banco Popular, ha encargado ahora una evaluación independiente de su actuación, una especie de autopsia del caso. Si el informe concluye que Bruselas se equivocó y que su intervención ha provocado más pérdidas a los accionistas y bonistas que si se hubieran aplicado las reglas de insolvencia nacionales en España, el fondo europeo para crisis bancarias compensaría a los afectados, según informan fuentes europeas.

La autopsia ya ha empezado a elaborarse y está previsto que se complete durante el primer trimestre de 2018, aunque no tiene todavía fecha completa de publicación. Tras una licitación abierta, el trabajo se ha encomendado a la consultora Deloitte, la misma que realizó el polémico informe de valoración del Banco Popular que sirvió de base para su liquidación y venta por un euro al Santander. Este estudio sigue siendo secreto, aunque el Panel de Apelación de la JUR ha ordenado que se publiquen aquellas partes que no afectan a la estabilidad financiera. La versión censurada se divulgará en los próximos días, aseguran las fuentes consultadas.

¿Conflicto de interés?

¿No supone un conflicto de interés que Deloitte elaborara el informe en que se basó la resolución del Popular y ahora examine también si esa decisión fue correcta o no? Desde la JUR sostienen que no: los dos tipos de evaluación tienen unos objetivos y una metodología completamente diferentes, lo único que tienen en común es que usan los mismos datos. Además, la legislación comunitaria permite que sea la misma empresa la que prepare los dos estudios.

En el primer informe de valoración confidencial, lo que se le pedía a Deloitte era determinar el precio comercialmente razonable que un comprador estaría dispuesto a pagar por todo el grupo Popular en la situación en la que se encontraba en junio. En la autopsia que está realizando ahora, la consultora debe examinar lo que habría ocurrido si la JUR no hubiese intervenido y el Popular hubiera seguido los procedimientos de insolvencia normales en España. La pregunta que debe responder es: ¿ha quedado algún accionista o bonista en una situación peor por lo que se refiere a las pérdidas sufridas debido a la actuación de la UE?

¿Se comparará la situación del Popular con la de los bancos italianos que sí fueron rescatados por el Gobierno de Roma para salvar a los preferentistas? También aquí la respuesta es negativa. El escenario alternativo de referencia para Deloitte será la legislación española de insolvencia. Y en principio no está previsto que se contemple la posibilidad de que el Gobierno de Mariano Rajoy hubiera concedido ayudas públicas como hizo Italia.

La JUR considera que el informe de la autopsia es muy complejo e importante, ya que se trata del primero de este tipo. De hecho, el Popular fue el primer banco liquidado por la UE. Se trata de un grupo grande, cuyo balance superaba los 150.000 millones de euros, con varias filiales y todo debe ser examinado. Por eso se ha dado tanto tiempo a Deloitte para terminarlo. A diferencia de lo ocurrido con el primero, este estudio sí se hará público de manera íntegra.

Si la conclusión es que debe compensarse a los afectados, el dinero saldría del fondo de resolución de crisis bancarias de la UE, que se creó en 2014 y se financia con contribuciones de las grandes entidades comunitarias. Se trata de un procedimiento distinto y más limitado del que se sigue en la vía judicial. Los accionistas y acreedores del Popular han presentado decenas de recursos contra la JUR ante el Tribunal de Justicia de la UE y los tribunales españoles por la liquidación del banco en los que reclaman que se les devuelva la totalidad de lo invertido.