Por la Sala de lo Penal han desfilado ya la mitad de los acusados, una quincena de directivos, asesores y proveedores de la filatélica que han defendido que el dinero de los clientes no peligró hasta la intervención judicial, pese a que el desfase patrimonial del que tienen que responder se eleva a 2.848 millones de euros, como consta en la acusación de la Fiscalía Anticorrupción.

Dado el elevado número de testigos y peritos, más de cien, está previsto que el juicio se prolongue al menos durante los meses de enero y febrero.

El Ministerio Público sostiene que la sociedad desplegó durante años una actividad de captación masiva de fondos que alcanzó los 11.200 millones entre 2000 y 2005, mediante la suscripción de unos contratos de inversión filatélica en los que ofrecía rentabilidades superiores a los bancos.

Once años después de la intervención judicial de la entidad, en mayo de 2006, el expresidente Francisco Briones se enfrenta a una petición de condena de hasta 27 años de cárcel, en tanto que para el resto de acusados las penas oscilan entre los tres y los dieciséis años por delitos como estafa, insolvencia punible, falseamiento de cuentas y blanqueo de dinero.

Aunque la mayoría de los acusados ha negado todos los cargos y ha señalado a Briones como el único y máximo responsable, alguno de ellos ha admitido prácticas irregulares, como la sobrevaloración de los sellos o la inexistencia de provisiones.