La Unión Europea tiene una meta para 2050: que las economías de sus Estados miembros sean más respetuosas con el clima y consuman energía de forma más eficiente.

Esta transición energética sacará el carbón de la producción eléctrica o no será. Ni siquiera presidentes como el de Estados Unidos, con una posición manifiestamente contraria a la tendencia global en materia climática, podrán impedir un proceso que ya se ha aceptado a nivel internacional a través del Acuerdo de París pero que en los mercados tecnológicos y financieros se sabe ya como una realidad.

Y más aún, para países como España, esta transición se plantea como una oportunidad y casi una obligación para transformar el modelo económico y social del país. Esa es una de las principales conclusiones a la que se ha llegado en el foro de debate organizado por EL ESPAÑOL “Transición Energética en España: Hacia una economía descarbonizada” en el que han participado Luis Atienza, miembro de la comisión de expertos de la Ley de Cambio Climático y socio presidente de Argo Capital Partners; Juan Virgilio Márquez, director general de la Asociación Empresarial Eólica (AEE); David Robinson, consultor y miembro titular del Instituto de Estudios Energéticos de Oxford; Arturo Pérez de Lucía, director gerente de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico (Aedive); y Fernando Soto, director general de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE).

Para Atienza, sacar el carbón del modelo energético “es posible y es una oportunidad”. Dada la elevada dependencia de España de los combustibles fósiles y que ha logrado su desarrollo a base de su importación -ya que sólo tenemos carbón y ni siquiera es de la mejor calidad-, “tenemos la obligación de hacer de la descarbonización una estrategia de desarrollo sustitutiva de importaciones y muy competitiva porque estamos razonablemente bien situados en las tecnologías que apuntan en esa dirección (eólica y solar fotovoltaica) gracias a nuestras condiciones geográficas y climáticas”. Una de sus ventajas a largo plazo, sostiene, es que servirá para abaratar la factura eléctrica.

Juan Virgilio Márquez, de AEE, comparte que es una oportunidad de desarrollo pero también una obligación. “Es el momento de decidir el papel de liderazgo que España quiere jugar. Las decisiones que se tomen tienen que mirar al largo plazo ya que tenemos una posición competitiva privilegiada”, ha afirmado durante su intervención en el debate. El director del lobby eólico sostiene que este proceso abre la puerta a que el sector se convierta no sólo en consumidor de tecnología, sino en productor y, con ello, ocupe una posición de liderazgo a nivel global como ya lo hace en el terreno de la generación renovable.

Más aún, la descarbonización supone una “oportunidad para mejorar la seguridad energética, mejorar el desarrollo regional e industrial y trabajar en otros aspectos que afectan a la salud humana”, apunta Márquez. “Es una apuesta global por un cambio de modelo de sociedad y de economía”.

Adaptar el marco legislativo

Pero una de las claves para lograr el éxito en este proceso es, según el panel de expertos, trazar una senda clara que marque metas en el medio y largo plazo y que cuente con el consenso político y social necesario para que no se vea afectada por los cambios de gobierno. Y es que en España, como pasa en otros países, “no hay un marco legal estable ni un diseño de mercado diseñado para la descarbonización”, ha argumentado David Robinson, del Instituto de Estudios Energéticos de Oxford.

En su opinión, es necesario cambiar el marco legal y establecer objetivos “muy claros para 2050” y, desde ahí, trabajar para cambiar la forma de pensar de todas las industrias y de los consumidores, “que vean que no hay vuelta atrás”.

En este sentido, destaca dos retos más: por un lado, que el Estado “vaya más allá de la definición del mix energético y promueva la competencia entre las tecnologías” así como identificar la forma de invertir en tecnologías que permitan el respaldo ante la intermitencia de la generación renovable; y, por otro, contar con el apoyo social para realizar los cambios necesarios ya que “serán los consumidores los que tengan que invertir en comprar un coche eléctrico o cambiar sus calefacciones y hábitos de consumo para ser más eficientes”.

Atienza insiste también en la necesidad de modificar “las reglas de funcionamiento del mercado para adaptarlas al cambio extraordinario del mix de generación” que supondrá la sustitución de fuentes convencionales por renovables. “Tenemos un mercado diseñado para tecnologías con un coste variable muy alto, combustibles fósiles, y ahora vamos hacia tecnologías en las que prácticamente todo es inversión y casi nada es coste de operación y mantenimiento”, explica y señala la necesidad de dar señales al mercado para incentivar la inversión en un horizonte de 25 años y “que esa inversión se recupere con los ingresos que genere la producción”. "Necesitamos un mecanismo para reducir la incertidumbre del promotor y que haga viable esos proyectos en beneficio de los consumidores", agrega.

Una de las claves de este necesario cambio legislativo es modificar la fiscalidad, sostienen. “Ahora mismo se cargan todos los costes de la descarbonización sobre el consumidor eléctrico y no se soporta como consumidor final de otros combustibles fósiles como las gasolinas, gasóleos o querosenos”, señala Atienza. Bajo su punto de vista, es necesario forzar la internalización de los costes ambientales -además de las emisiones de CO2, las de óxido de nitrógeno, de azufre y demás partículas- y “repartir la carga de este proceso y convertirla en señales adecuadas”.

Para lograr estos cambios “la gobernanza tiene que ser independiente, estable y objetiva”, defiende Márquez, de la AEE. “No puede variar sus fórmulas de control dependiendo del gobierno. Sin la visión a corto y largo plazo y la estabilidad en la gobernanza, no vamos a tener la seguridad de que se avance en el camino adecuado”.

La electrificación del transporte y eficiencia

Uno de los temas en que se está trabajando de cara a la elaboración de la nueva Ley de Transición Energética y Cambio Climático es la descarbonización del transporte y los sistemas de calefacción. Además de ser necesario desde un punto de vista medioambiental y de salud ya que “el sistema de transporte actual en España mata a gente y deteriora la salud de los ciudadanos”, sostiene Arturo Pérez de Lucía, de Aedive, el sector automovilístico tiene delante la oportunidad de redefinir su hoja de ruta “para no perder el liderazgo industrial que hoy día tenemos como segundo país europeo y octavo del mundo”.

“El vehículo eléctrico es transversal, afecta o empapa a muchos estamentos. Nos falta un plan del Gobierno para que realmente haya una coordinación, un plan estratégico que apueste por un cambio”, señala el director gerente de Aedive, que defiende la necesidad de adaptar la regulación a la situación actual del mercado.

Además, bajo su punto de vista, España podría poner el foco en el desarrollo de baterías, algo que en otros países ya se está trabajando. “La CE ha impulsado un plan de 800 millones de euros para el desarrollo de baterías y el nuevo plan Movalt del Gobierno para la compra de vehículos y desarrollo de infraestructura, también incorpora 15 millones para I+D”, subraya Pérez de Lucía.

"Es un reto industrial no quedarnos atrás. Es un momento importante para que el sector automovilístico se plantee que el futuro está en el otro lado", afirma Atienza.

La eficiencia en el consumo energético es otra de las aristas principales en esta transición energética y desde la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) defienden su esfuerzo para lograrlo. "Somos muy eficientes en nuestro consumo y la industria sigue innovando para ello", señala Fernando Soto, director general de AEGE. Desde la asociación ven la descarbonización como un reto y una oportunidad para mejorar la economía, en particular, "para que la producción industrial salga del legargo en qeu está en los últimos años y su participación en el PIB aumente". Tienen una meta "complicada" para 2020, alcanzar una cota del 20%, si no se logra, indica Soto, al menos marcar una tendencia ascendente. 

El papel de la industria de gran consumo en la integración de las renovables es muy relevante, defiende Soto, "y ya lo está haciendo y marcando un patrón de consumo eficiente reduciendo en horas punta y trasladándolas a horas valle". 

Pero esperan del Gobierno que la nueva Ley de Transición Energética "que sea competitiva" y de estabilidad jurídica. "Los mercados deben ser competitivos y esta nueva regulación debe ser competitiva y estable. No se puede cambiar cada poco tiempo, eso desalienta a los inversores. Necesitamos que el fruto de ese consenso dé estabilidad regulatoria", sostiene.