Guindos defiende la norma que exigirá información no financiera a las empresas

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, ha augurado este miércoles que la convalidación del decreto ley para exigir a las grandes empresas más información no financiera y compromisos en materia medioambiental y prevención de corrupción aumentará la transparencia de las grandes empresas y la confianza de los inversores, los consumidores y la sociedad en ellas.

Así lo ha señalado durante su intervención en el último pleno del Congreso del año en el que se ha debatido la convalidación del real decreto-ley que transpone la directiva sobre divulgación de información no financiera y sobre diversidad, que modifica el Código de Comercio y el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría de Cuentas.

El Pleno del Congreso convalidará la norma con los votos a favor del PP, Ciudadanos, PNV y el PdeCAT, y la abstención del PSOE, Unidos Podemos y ERC, que solicitarán su tramitación como proyecto de ley, con el fin de poder introducir enmiendas.

Retraso en la aplicación de la norma

De Guindos ha defendido el decreto porque permitirá identificar riesgos para la sostenibilidad y "aumentar la confianza de los inversores, los consumidores y la sociedad", así como la transparencia de las grandes empresas.

Además, ha justificado el retraso en la trasposición de la directiva, cuyo plazo límite venció en diciembre del año pasado, en la falta de un Gobierno con plenas funciones, lo que "no ha facilitado la tarea".

Por este retraso la Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción a España que, si llega a culminar en la presentación de una denuncia ante el TJUE, podría conllevar la imposición de una multa a contar desde el día límite para la trasposición, motivo por el que Guindos considera "más que justificada" la urgencia y extraordinaria necesidad del decreto-ley.

Políticas medioambientales

La norma establece que las grandes empresas deberán acompañar su informe anual con información sobre sus políticas medioambientales, su personal, el respeto a los derechos humanos, y la lucha contra la corrupción y el soborno, de forma que deberán incluir las medidas encaminadas a la igualdad de género, el medio ambiente, en materia de derechos humanos, para impedir abusos y los recursos internos para prevenir la corrupción y el soborno, entre otros.

El ministro ha explicado que esta norma atañe a compañías grandes con consideración de entidad de interés público, es decir, aquellas en las que el número medio de trabajadores durante el ejercicio sea superior a 500 y que durante dos años consecutivos reúnan al menos dos de las siguientes circunstancias: que el total de las partidas del activo sea superior a 20 millones de euros, que el importe neto de su cifra anual de negocios supere los 40 millones de euros o que el número medio de trabajadores empleados sea superior a 250.