Bajan revueltas las aguas en la Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPT). El mandato de su presidente Julio Sanz sigue bajo la polémica tras su intento fallido de hacerse con más de 5.000 licencias de VTC, que utilizan Uber y Cabify. Ahora, Sanz acaba de pasar por el juzgado por un “presunto delito de desobediencia” (en representación de la Federación) de una sentencia dictada por el Tribunal Supremo.

Unos hechos que arrancan en el año 2010. En aquel entonces tres miembros de la FPT presentaron una denuncia contra la propia Federación por la creación de Teletaxi Madrid Servicios, S.L. Una sociedad a través de la que se iban a comenzar a facturar los servicios de emisora, tal y como refleja la Ley. Sin embargo, esos miembros de la FPT consideraban que la puesta en marcha de la empresa no se ajustaba a las normas internas.

Según la denuncia presentada, y a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el argumento principal es que la creación de la sociedad no se hizo en la Asamblea de la Federación. Fue “un acuerdo de la junta directiva sin participación de los socios”. Además destacan que “fue comunicado por carta” contraviniendo todas las normas.

La oposición se hace fuerte

Esta acción vino motivada, explican fuentes cercanas al proceso, por tres personas (en representación de otros 57 socios de la Federación, entre los que se incluyen el propio Sanz y muchos de sus actuales compañeros en la junta directiva). Era el denominado bloque opositor a Mariano Sánchez, que fueron representadas por el letrado Jesús González Vicente. De hecho, uno de los denunciantes, Alfredo Alfonso Nistal, fue uno de los miembros de la lista con la que -cuatro años más tarde- Sanz se impuso en las elecciones de la FPT. Los otros dos eran A.P. y J.L. cuyos nombres quedan bajo iniciales al no ocupar cargo en la federación. 

Los tribunales dieron la razón a los denunciantes en primera y segunda instancia, como también en el recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que falló en marzo de 2016. En concreto, los tribunales reconocen que debe declararse la “anulación del referido acuerdo de la FPT por el que se acordó la constitución de Teletaxi Madrid Servicios, S.L”.

Una decisión que, en la práctica, suponía la inscripción en el Registro Mercantil de la anulación -y por tanto- la extinción de la sociedad y de todos los actos desarrollados con ella. Un período de litigio de seis años en el que Julio Sanz ganó las elecciones a la presidencia de la Federación Profesional del Taxi de Madrid.

Pedir VTC

Pese a que la primera sentencia contra la creación de Teletaxi Madrid Servicios, S.L. data de 2012, Sanz y su equipo (que llegaron en 2014) emplearon esta sociedad para intentar hacerse con 5.000 licencias de VTC en el año 2015, algo que le fue denegado por la Comunidad de Madrid. Posteriormente, tal y como explicó EL ESPAÑOL, la FPT decidió recurrir la decisión administrativa, hasta que a principios de 2017 desistió de sus intenciones.

Y todo pese a que el Supremo había ordenado en febrero de 2016 la “anulación” de la sociedad con la que la federación venía operando. Es decir, que Sanz y su equipo habrían optado por ‘desobedecer’ -según sostiene el demandante- al Supremo. Incluso habrían intentado arreglar la situación en una Asamblea de la federación el 28 de enero de 2017.

Con todos estos argumentos sobre la mesa, uno de los demandantes iniciales (que en su momento apostó por Julio Sanz, y que incluso llegó a ir en la lista del propio candidato) ha optado por volver a demandar a la FPT por su cuenta y riesgo.

El letrado, sancionado

¿El motivo? La “desobediencia” al Supremo por no inscribir la anulación de la sociedad, solicitar anular el punto de la Asamblea de enero de 2017 que buscaba la aprobación -a posteriori de la misma- y contra el que era su abogado inicial, Jesús González Vicente.

Según se puede comprobar en la denuncia, el abogado de la Federación Profesional del Taxi ahora es, precisamente, Jesús González Vicente. Es decir, que ha cambiado de bando (aunque sigue representando también a los otros dos demandantes iniciales). Según se relata en el documento, el letrado habría dilatado -a conciencia y de acuerdo con su cliente- el fallo del Tribunal para registrar la anulación de la compañía. Así que le acusan de un presunto delito de “deslealtad profesional”.

Tanto es así que el juez -dentro de las medidas cautelares- le ha ordenado entregar en el registro la anulación. Algo que, por cierto, ya aparece reflejado en el Registro Mercantil, tal y como ha podido comprobar EL ESPAÑOL.

Además, en la documentación que obra en poder de EL ESPAÑOL, figura que el Colegio de Abogados de Madrid “ha resuelto sancionar con tres meses y un día de suspensión en el ejercicio de la abogacía por la comisión de una infracción muy grave” a Jesús González Vicente. Una sanción que todavía no es firme y contra la que cabe recurso.

El magistrado ha tomado declaración en las últimas semanas a las partes -entre ellos al mismo Julio Sanz- y está pendiente de que se dicte un auto para juicio oral en las próximas semanas.

No se comunica a los clientes

Por el momento la Federación Profesional del Taxi ha creado una nueva sociedad con la que operar: Teletaxi Call Center, S.A. a través de la que desarrolla su facturación de la central. Lo ha hecho, explican fuentes cercanas, traspasando el negocio y los bienes de una empresa a otra.

Sin embargo, parece que en esta ocasión también podría haber algunas irregularidades. Al parecer, también se ha puesto en conocimiento de la Agencia Tributaria y la Seguridad Social si todo se ha efectuado acorde con la Ley de transmisiones patrimoniales. Especialmente porque, según explican las fuentes conocedoras, el cambio societario no se ha notificado -ni siquiera- a sus clientes. Directamente se ha efectuado, subrogando los contratos.

Un culebrón que va a continuar en las próximas semanas, y que denota el nerviosismo que hay en el gremio de los taxis.