Unipost ha llegado a su fin. El administrador concursal ha solicitado la entrada en liquidación de la compañía “al haberse reducido sustancialmente el volumen de negocio”. De este modo se pone punto final a la aventura de una rama de los Raventós en el sector de la paquetería y y el correo postal.
Según ha comunicado la administración concursal la actividad principal de la Unipost “no es viable en los parámetros actuales”; por tanto, “la única solución es liquidarla”. Y plantea dos opciones: la venta de la unidad productiva, tal y como se enmarca en el plan de viabilidad, o la venta de distintos bienes de forma individualizada.
Desde el pasado mes de julio la empresa está bajo la tutela de un administrador concursal, Jausas Abogados, y el pasado mes de octubre se planteó un despido colectivo dada la situación de la compañía. Sin embargo, la propia administración destaca que en las últimas semanas “se ha agravado la situación”, y no se puede hacer frente a los vencimientos con la tesorería generada por el negocio.
Vinculación con el 'procés'
Unipost está presidida por Antón Raventós, y en su consejo de administración se encuentra Pablo Raventós. Ambos son miembros de la familia fundadora de Codorníu, pero no existe vinculación empresarial entre ambas compañías, tal y como ha explicado la empresa de cava en distintas ocasiones. En el caso de Unipost, hablamos de una empresa que tiene un pasivo de 47 millones de euros, frente a un activo de 40 millones de euros.
La empresa de correo y paquetería ha estado en el ojo del huracán en los últimos días por su vinculación al proceso soberanista, y su participación en el envío de las notificaciones a los miembros de las mesas del 1-O. La Guardia Civil se incautó días antes del referéndum de multitud de documentación, e incluso como adelantó EL ESPAÑOL, existía un contrato entre Unipost y la Generalitat en relación con el proceso del 1-O.
La semana pasada la Guardia Civil volvía a registrar la sede de la compañía y detenía a Pablo Raventós, al que se investiga por un presunto delito de malversación de fondos. En esta ocasión se investigaba, además, la forma en la que se financió el ‘procés’.