Las aguas vuelven a estar revueltas en el accionariado de Sacyr. Los últimos movimientos del empresario José Moreno Carretero han reabierto el debate sobre la necesidad de cambiar la composición del consejo de administración de la constructora. Sin embargo, parece que las cosas no van a ser sencillas.
Por el momento Moreno Carretero, a través de Beta Asociados, reconoce una participación del 16,61% de las acciones. Una cifra a la que llega tras el vencimiento de una serie de opciones ‘put’ la semana pasada, y que le obligaron a comprar algo más de siete millones de acciones de acciones a un precio de 2,27 euros el título.
En ese paquete iban incluidos otros cerca de tres millones de acciones que, sin embargo, o no han sido ejecutados –o no se han vendido al empresario-.
Reconoce posición de primer accionista
Esa cifra del 16,61% sitúa a Moreno Carretero como el primer accionista de la constructora. Por encima del 14,7% que tienen Demetrio Carceller (a través de Disa) y el Grupo Satocán. Sin embargo, la propia Beta Asociados reconoce que ostenta –de forma directa- un 14,07% de los títulos; mientras que el restante 2,54% depende de instrumentos financieros que vencen a lo largo de los próximos años. La primera parte en septiembre de 2018.
Sea como sea, el porcentaje declarado es el que sirve al empresario para reclamar –como ya hiciera en junio pasado- una mayor representación en el consejo de administración, en donde actualmente cuenta con un sillón. Sin embargo, parece que en el seno del consejo no están tan de acuerdo con sus argumentos.
Fuentes conocedoras de la situación explican a EL ESPAÑOL que el 14,07% de los títulos que Moreno Carretero posee de forma directa corresponden a 66 millones de acciones. De ellos, 51 millones están apalancados en dos ‘collar’ con vencimiento en 2021 y que le sirven para afianzar su posición. Unos derechos que están cedidos a Citi. Es decir, que a Moreno Carretero le correspondería de forma directa en torno al 6% de la compañía.
La postura del consejo
Ese es, precisamente, el argumento que emplea el actual consejo, con su presidente Manuel Manrique a la cabeza, para denegar las pretensiones del empresario a tener otros dos sillones en el consejo. Una tesis que respalda también Demetrio Carceller, ya que consideran que la existencia de instrumentos financieros y otros derivados no implica el estar en posesión de las acciones.
En román paladino, lo que le vienen a decir es que si quiere de verdad tener una mayor representación tendrá que rascarse el bolsillo para tener –de forma directa- el 16,61% que declara a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Sea como sea, enero va a ser un mes importante para dilucidar cuál es el futuro del consejo de Sacyr. El propio Manrique se comprometía en la última junta de accionistas a llevar a cabo una reforma del mismo. No sólo por las presiones de los accionistas, también por la necesidad de adaptarlo a los códigos del buen gobierno. Ya saben, aquello de más mujeres y más independientes.
Cambios urgentes
Fuentes cercanas al consejo de administración están convencidas, además, de que la situación se ha dilatado demasiado tiempo. Insisten en que, aunque Moreno Carretero no tenga el total de las acciones en su poder, sí debe tener una mayor representación.
Sobre todo, explican, porque no comprenden que Manuel Manrique –con un 1,5% a través de Cymofag- tenga dos asientos en el consejo. El suyo como presidente ejecutivo, y el que ocupa su hijo Gonzalo en representación de Cymofag.
Habrá que ver también en qué posición quedan otros accionistas de la constructora; en particular el grupo canario Lopesan, que se ha mantenido al margen de estas disputas y no se ha pronunciado. A través de su filial Isla Marina cuenta con el 2,49% de la sociedad, y no tiene representación en el consejo. Un porcentaje muy significativo, y hasta ahora neutral en el actual contexto de fuerzas accionariales enfrentadas.