Inversiones que pasaron a valer cero de un día para otro en un experimento sin precedentes en el sector bancario europeo. La intervención del Banco Popular en la noche del 6 de junio tiene aún muchos flecos pendientes. Entre ellos, los miles de procesos judiciales abiertos por los afectados que perdieron toda su inversión en el banco resuelto.
Desde grandes inversores como la familia Luksic o los del Valle, a miles de minoristas, pasando por fondos internacionales como PIMCO, Algebris y Ronit Capital. Las demandas se han multiplicado en los últimos seis meses, disparando a todos los frentes posibles: la Junta Única de Resolución (JUR) y la propia presidenta del organismo Elke König, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), los expresidentes del banco Ángel Ron y Emilio Saracho, el Banco de España o el propio Banco Santander, que se hizo con la entidad por el valor simbólico de un euro.
Todos los afectados quieren recuperar la inversión perdida, o al menos parte de ella, y que se depuren responsabilidades. Y los principales despachos de abogados implicados en el proceso de demandas consideran que 2018 será clave para ellos. Desde Cremades & Calvo Sotelo explican que la primera cita clave para ellos será la publicación del informe de valoración que Deloitte hizo sobre Popular. Aunque la presidenta de la JUR ha dejado claro que este informe vendrá `capado¿, desde el despacho consideran que podría cambiar el destino de las demandas interpuestas tanto en Europa como en la Audiencia Nacional.
Primero, porque el documento situaba el valor del agujero del Popular en un amplio rango (definido como `grosería técnica¿ por los inspectores del Banco de España) de entre 2.000 y 8.200 millones de euros, pero también contenía un escenario favorable (con el que quizá no se habría tenido que llegar a la resolución), con un valor de +1.500 millones de euros.
Y segundo, porque después de ese informe se debería conocer, también antes de marzo, el polémico tercer documento en el que se definirá si los afectados hubieran recibido un mejor `trato¿ si se hubiese decidido un concurso de acreedores en Popular en vez de la resolución, que acabó por valorar a cero 3.400 millones de euros en inversiones de bonistas y accionistas de la entidad. De ser así, la JUR debería compensar a los afectados. ¿De esta posibilidad se empezó a hablar a raíz de la demanda que interpusimos desde Navas y Cusí ante el Defensor del Pueblo europeo, acusando a König de provocar el pánico de inversores y depositantes al asegurar en una entrevista que `miraban de cerca¿ la entidad, para filtrar después la posible resolución del banco ¿de manera inminente¿.
ANTES DE VERANO, RESOLUCIONES FAVORABLES
Aunque resulta difícil concretar fechas, desde el despacho consideran que antes de verano se podría obtener una resolución en este sentido. ¿La vía del Defensor del Pueblo es la más rápida y efectiva a nuestro juicio¿, insisten. Y coinciden con la opinión de otros bufetes que retrasan a meses posteriores posibles decisiones desde otras instituciones judiciales como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), al que se dirige la mayor parte de las demandas contra la JUR y contra la Comisión Europea.
Sin embargo, los expertos explican que aquellos que optaron por reclamar ante la Audiencia Nacional por la vía del contencioso-administrativo, podrían recibir noticias en los seis primeros meses del año. ¿No podemos concretar los plazos al cien por cien, pero antes de junio podríamos ver resoluciones favorables para los demandantes por parte de la Audiencia Nacional¿, indican desde otro despacho de abogados implicado en el proceso.
Para aquellos que optaron por la vía penal, sin embargo, el proceso podría alargarse algo más. Incluso en los recursos presentados ante la Audiencia Nacional contra los ex presidentes del Popular Ángel Ron y Emilio Saracho. ¿Para esta pieza referida a posibles delitos de manipulación del mercado, uso de información privilegiada, etc, se ha solicitado documentación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), al Banco de España, al FROB y al propio Popular¿, indican fuentes consultadas, que achacan a este `papeleo¿ el posible retraso en las resoluciones.
Sin embargo, los expertos sí esperan a lo largo del próximo año resoluciones favorables para la pieza que se refiere solo a la ampliación de capital que el Popular realizó en 2016, y que reclama contra la documentación sobre la que se asentaba dicha operación, al considerar los demandantes que no ofrecía los datos contables 'reales' de la entidad.
¿SE PUEDEN SEGUIR INTERPONIENDO DEMANDAS?
Sí. Los expertos recuerdan que para aquellos que aún Para aquellos que aún no se han decidido, estas son las fechas clave que deben conocer si finalmente apuestan por acudir a la vía judicial en el `caso Popular¿:
1. VÍA COMUNITARIA. Quien considere que la JUR, que es el encargado de tomar la decisión final y ordenar la resolución del banco, es culpable por la forma en la que se llevó a cabo el proceso (por falta de transparencia, por ejemplo), tenía dos meses desde la resolución del banco (7 de junio) para demandar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es decir, las demandas se podían interponer hasta el pasado 7 de agosto. Sin embargo, si se considera `culpable¿ al BANCO DE ESPAÑA, dentro de un delito de responsabilidad patrimonial del Estado, el plazo es de un año desde la resolución del Popular. Es decir, hasta el próximo 7 de junio de 2018 se podrían interponer demandas.
2. VÍA PENAL. Si se opta por la vía penal, los afectados tienen un plazo desde la resolución del banco (porque fue el momento en el que se enteraron del daño causado), de unos 10 años, hasta prescripción de delito.
4. ACCIÓN CIVIL. La acción civil, por la que han optado aquellos que buscan recuperar el dinero perdido (especialmente los que acudieron a la ampliación de capital de 2016), contempla dos plazos distintos. Por un lado, 4 años desde que se tiene conocimiento del daño causado, y por otro, 1 año por daños y responsabilidad contractual (que, en el caso del Popular, sería para aquellos que vayan contra los antiguos gestores del banco, Ángel Ron y Emilio Saracho).
SANTANDER, LA VÍA ALTERNATIVA
Aquellos que aceptaron la oferta de los bonos de fidelización lanzados por el Banco Santander para 'compensar' a determinados perfiles entre el grupo de afectados renunciaron con ello a demandar a la entidad o a sus directivos. Sin embargo, sí pueden emprender acciones legales contra la JUR, el Banco de España o la Comisión Europea.
Según datos recopilados por Morgan Stanley, el banco presidido por Ana Botín provisionó un total de 8.300 millones de euros tras la compra del Popular, de los que unos 400 millones se dedicarían a cubrir los riesgos procedentes de posibles litigios. Pero la cifra sería ahora mucho mayor ante la avalancha de demandas.
Desde el lanzamiento de la 'oferta comercial', la entidad cántabra se ha esforzado en adornar el bono de fidelización ofreciendo, a casos concretos y estudiados, condiciones ventajosas en otros productos, comopréstamos personales a un interés del 0,5% a siete años por el importe invertido en la última ampliación de capital del Popular.
Durante el proceso de colocación del bono de fidelización, que se saldó con una aceptación del 78% sobre el volumen total de la oferta, la entidad también amplió el rango de clientes con derecho a acceder a la misma (aquellos que compraron acciones del Popular entre el 26 de mayo y el 21 de junio de 2016, así como los bonistas de obligaciones subordinadas computables como tier 2 de las emisiones de 29 de julio de 2011 y 14 de octubre de 2011, y que a su vez fuesen clientes del banco, depositando estos valores en cuentas del bróker de una de las dos entidades).
Además, Santander ha iniciado conversaciones caso por caso, con la intención de 'compensar' también a aquellos clientes que demuestren malas prácticas en el proceso de colocación de acciones o bonos del Popular.