A partir de la crisis financiera, y como uno de los pilares de la unión bancaria, el Banco Central Europeo (BCE) ha agregado a sus funciones de política monetaria la supervisión de los grandes bancos del bloque común. Sin embargo, su papel en las crisis de Banco Popular o de los italianos Veneto Banca y Banca Popolare di Vicenza ha despertado no pocas críticas, que ahora se han visto exacerbadas por un demoledor informe del Tribunal de Cuentas Europeo.
La institución supervisa a 120 bancos que poseen más del 80% de los activos bancarios la eurozona a través del Mecanismo Único de Supervisión (MUS), con amplios poderes para detectar y abordar los problemas emergentes. Sin embargo, carece de directrices suficientes para ejercer esos poderes, señalan los auditores europeos: ¿el marco operativo del BCE para la gestión de crisis tiene algunas deficiencias y hay algunas indicios de una implementación ineficiente¿, señala el informe.
En su informe, el Tribunal de Cuentas detecta ¿deficiencias¿ en los procedimientos que usa el BCE para identificar posibles problemas bancarios en una etapa temprana y en el modo en que respondería a una crisis.
Los auditores creen que el BCE necesitaría recopilar información lo más rápido posible cuando un banco mostrara signos de angustia, pero ¿tiene limitados equipos de inspección disponibles en el sitio para llevar a cabo un análisis detallado de la calidad de los activos¿ de los bancos en problemas. Además, el banco central no ha desarrollado una guía adecuada sobre cómo evaluar los riesgos emergentes y usar sus poderes en una crisis, una falta de orientación que podría permitir una excesiva discreción a la hora de tomar decisiones clave.
¿La última guía, que se produjo en septiembre de 2017, no se tuvo en cuenta durante el proceso de auditoría y aborda las preocupaciones planteadas por el TCE¿, defiende el BCE en las respuestas incluidas en el informe de la auditora.
Las conclusiones del informe apuntan también a problemas de comunicación entre el BCE y la Junta Única de Resolución, el organismo encargado de decidir cómo liquidar ordenadamente un banco si el BCE determina que está en riesgo de quiebra, y que en el caso del Popular se ha hecho célebre por sus reticencias a publicar el informe en el que basó su decisión de resolver la entidad, algo que incluso ha provocado un enfrentamiento con la comisión del Congreso que investiga la crisis.
A juicio del Tribunal de Cuentas, estos problemas pueden ¿retrasar o restringir el intercambio de información¿ entre ambos órganos, y ¿eso es algo negativo que tiene que abordarse, porque en una situación de crisis la comunicación lo es todo¿, ha advertido el miembro del Tribunal de Cuentas responsable del informe, Kevin Cardiff.
El Tribunal formula una serie de recomendaciones para que el BCE mejore la eficiencia operativa de la gestión de crisis, tales como hacer un mejor uso de la información obtenida a partir de evaluaciones de los planes de reestructuración y tener una certeza respecto a la calidad de los activos de las entidades cuya situación financiera se haya deteriorado notablemente.
Los auditores señalan que, a pesar de su cooperación positiva en algunos aspectos, el BCE se negó a facilitar pruebas importantes que el Tribunal de Cuentas Europeo había solicitado. Esto repercutió negativamente en el trabajo de auditoría de tal modo que el Tribunal pudo extraer conclusiones generales sobre el diseño de los procesos del BCE, pero no confirmar la eficiencia operativa de su gestión de crisis en la práctica.
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