Los accionistas y clientes del Banco Popular exprimen todas sus opciones para recuperar su inversión perdida tras la resolución de la entidad el pasado 7 de junio. Con la vía judicial encauzada, el Defensor del Pueblo Español ha atendido sus reclamaciones, solicitando por carta al Ministerio de Economía que exija al Banco Santander un acuerdo extrajudicial, que tendría que ir más allá de los bonos de fidelización lanzados por la entidad cántabra para compensar a parte de los afectados.

Según un documento remitido a uno de los afectados, el Defensor del Pueblo basa su propuesta en críticas a los supervisores en los meses previos a la intervención, en especial a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). ¿El control preventivo (en referencia a la deuda del Popular) ha resultado ineficaz para garantizar la transparencia y los derechos de los inversores, puesto que no se han detectado los problemas que han llevado a la resolución de la entidad¿, indica la misiva remitida al ministerio dirigido por Luis de Guindos.

Así, desde el organismo remarcan que ¿la entidad bancaria daba una imagen de solvencia y solidez que generaba confianza en los inversores. La falta de información ha originado indefensión a los accionistas minoristas y a los titulares de deuda subordinada¿. Y a su juicio, este hecho aconseja adoptar un sistema extrajudicial ¿para resolver el problema y evitar la vía judicial¿.

Fuentes de la institución remarcan que esta petición es tan solo una recomendación, y que no tiene ningún tipo de carácter vinculante ni obligatorio ni para el Ministerio ni para el Banco Santander. Pero sí puede meter presión en el proceso. Por eso, se expresan con contundencia al pedir al Ministerio ¿instar al Banco Santander para que valore la posibilidad de facilitar una solución extrajudicial a los accionistas minoristas y a los titulares de deuda subordinada evitando así la indefensión de los inversores por falta de información y transparencia¿.

Según explica Francisco Fernández Marugán, Defensor del Pueblo español, una vez recibida la respuesta, se informará de las actuaciones que procedan.

Además de este movimiento, algunos afectados también se han dirigido al Defensor del Pueblo europeo, órgano por completo independiente del nacional. Y después de varias semanas de silencio, la institución ha empezado a mover ficha, respondiendo a estas reclamaciones vía mail, y solicitando algunos documentos e informaciones de las que disponen los afectados para ¿completar el análisis de las reclamaciones¿. La institución europea está solicitando, además, que estos documentos les sean remitidos antes del próximo 29 de enero.