En el auto conocido hoy, la sección primera de la sala de lo Penal, desestima el recurso de la Fiscalía y avala que el ex director general de la entidad José Luis Pego pueda abandonar diariamente la prisión de A Lama (Pontevedra) para cumplir con su trabajo social tanto por su "buena conducta" como por haber satisfecho la responsabilidad civil fijada en sentencia.

El tribunal, que también valora positivamente la integración de Pego, su "vinculación familiar y social (...) y que ha disfrutado de permisos sin incidencias", desestima el recurso interpuesto por Fiscalía, partidaria de mantener unas medidas de control y seguridad más estrictas para él.

Al respecto insiste en que ya ha transcurrido la mitad de la pena de dos años de prisión por apropiación indebida -a través de las prejubilaciones por valor de 14 millones de euros que se autoadjudicaron antes de abandonar la entidad-, delito por el que fueron condenados el expresidente Julio Fernández Gayoso, los exdirectivos Gregorio Gorriarán y Óscar Rodríguez Estrada y el asesor jurídico, Ricardo Pradas.

Precisamente, la sala también ha confirmado recientemente dicho régimen flexible a Pradas y Rodríguez Estrada tras rechazar las pretensiones de un Ministerio Público que, sin embargo, no recurrió la libertad de Fernández Gayoso, quien colabora de forma altruista con una fundación de ayuda a personas en situación de exclusión social.

Una medida acordada dada su avanzada edad, 85 años, y su "delicado estado de salud", según el juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, que en su auto del pasado julio consideraba que esta decisión ayudaba a "devolver a la sociedad la confianza rota por el daño causado".

Apenas un año antes, el Tribunal Supremo había confirmado las penas de prisión impuestas a los cinco por ocasionar un perjuicio millonario a la entidad que no fue fruto de "decisiones equivocadas el ámbito de la administración", sino que se produjo por poner en marcha un mecanismo expropiatorio "que va mucho más allá de la adopción de actos erróneos".

Todo ello con "fines de lucro personal y no meros excesos o abusos en el marco de sus competencias".

Al margen de dicho procedimiento, Gayoso, Gorriarán y Pego, entre otros, forman parte de la causa que actualmente investiga el juzgado central de Instrucción número 5 por presunta administración desleal y blanqueo de capitales en la concesión de un préstamo a una sociedad vinculada a antiguos gestores de Caixanova que causó un daño patrimonial de 80 millones de euros.