Tras conocer la versión no confidencial del informe de Deloitte sobre el Banco Popular, para los bonistas de la entidad la razón de su secreto hasta ahora está más clara que nunca: "no hubo análisis real ni una valoración ajustada".
Son palabras de Richard East, socio del despacho Quinn Emanuel Urqhart & Sullivan que representa a los fondos tenedores de bonos que se han visto afectados por la resolución de la entidad el pasado mes de junio por decisión de la Junta Única de Resolución (JUR).
"La JUR ha hecho desaparecer las inversiones de nuestros clientes basándose en un informe que la propia consultora Deloitte reconocía haber hecho en un corto periodo de tiempo y advertía que debía considerarse como 'provisional y con muchos puntos que aclarar'", ha afirmado East.
El informe que encargó la JUR a Deloitte sostiene que la consultora tuvo 12 días desde que accedieron a toda la información disponible sobre la entidad para realizar un trabajo al que dedican, "al menos seis semanas".
El abogado de Quinn Emanuel destaca que "la consultora afirma que tenía acceso limitado a información crítica o a la dirección a la hora de realizar su trabajo y que hay un buffer no especificado que era una parte esencial del informe". "Ahora resulta obvio que la JUR no quería revelar un informe que muestra realmente que no hubo un análisis real ni una valoración ajustada", agrega.
El grupo de bonistas, integrado por PIMCO, Anchorage Capital Group, Algebris Investments, Ronit Capital y Cairn Capital, poseían una parte importante de los bonos emitidos por el Popular. En septiembre interpusieron un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) por su papel en la resolución del banco español. En este recurso se impugna la resolución del Fondo por la que las acciones y bonos junior de Popular fueron cancelados y la entidad vendida a Banco Santander por un euro.
El pasado 6 de junio, el Banco Central Europeo decretó que el Banco Popular era "una entidad inviable o con probabilidad de serlo" y lo comunicó a la JUR, que durante la madrugada del 7 de junio ordenó la resolución de la entidad para que, posteriormente, el Ejecutivo comunitario aceptara el plan de resolución.
Entre 8.000 y 10.000 millones de euros de ciudadanos particulares se evaporaron con el achatarramiento del Popular y posterior venta por un euro al Banco Santander. El grupo de grandes bonistas perdieron alrededor de 850 millones de euros con la liquidación del banco. El Santander fue el único banco que presentó una oferta y se hizo con el 100% de Banco Popular.
A finales de enero, los fondos se personaron como afectados en la investigación abierta por vía penal en la Audiencia Nacional contra el Popular, sus dos expresidentes (Ángel Ron y Emilio Saracho) y sus respectivos consejos de administración por presuntos delitos de falsedad societaria, administración desleal y apropiación indebida.