En una conferencia sobre 'La agenda regulatoria tras la crisis' organizada por el Círculo Financiero de la Societat Econòmica Barcelonesa d'Amics del País en la sede de CaixaBank, Restoy ha admitido que, "a largo plazo, la propia normativa de resolución puede favorecer una reorganización de la industria en torno a dos polos muy diferentes": entidades de gran tamaño, capaces de cumplir la normativa de resolución, y otras entidades pequeñas que pueden ser sometidas a procesos ordinarios de insolvencia, sin necesidad de acudir a procesos de resolución bancaria.

"Donde hay una dificultad manifiesta de los nuevos requisitos de resolución es en las entidades intermedias", ha sostenido, y ha augurado que, si se acaba aplicando a la práctica esta normativa, se va a producir una estructura bipolar del sistema bancario.

Ha explicado que uno de los factores clave del nuevo marco de resolución bancaria es que se sustituye la aportación de fondos públicos por la de fondos privados, procedentes de la aportación de los acreedores, que participen en la absorción de pérdidas con quitas obligadas, y a la recapitalización, con la conversión de deuda en acciones ordinarias de capital, algo que ha considerado que sólo puede garantizarse en entidades de gran tamaño.

Así, la nueva normativa faculta a las autoridades nacionales de resolución a asegurar que los acreedores participan en los procesos de resolución de entidades no viables, pero ha admitido que hasta el momento hay "dificultades relevantes" para la implementación práctica de ese elemento esencial.

Ha indicado que más de la mitad de los miembros del consejo de estabilidad financiera (miembros del G-20 y alguno más) no contemplan en sus normativas estatales estos nuevos requisitos, algo que ha indicado que sí que sucede en la Unión Europea, aunque no se ha utilizado en ninguno de los casos de resolución bancaria que se han podido producir.

Ha augurado que en el nuevo marco de resolución habrá un buen número de entidades que pasen a ser inviables y para las cuales no haya dinero público ni tampoco puedan ser sometidas a procesos de resolución y que deban ser sometidas a procesos regulares de insolvencia, por lo que ha considerado que las autoridades deben facilitar una "cierta reorganización de la industria" para que diversas entidades intermedias se integren en grupos de mayor tamaño y con mayor capacidad de cumplir con los requisitos.