Al aplicar estas cláusulas, el banco cántabro también solicita al exconsejero delegado de la entidad Francisco Gómez nueve millones de euros, por lo que el importe que Santander exige a ambos exconsejeros ejecutivos asciende a más de 21,8 millones de euros.
Además, no abonará 1,05 millones de euros pendientes de pago en concepto de prejubilación al exsecretario del consejo de administración Francisco Aparicio Valls según el informe anual de Popular correspondiente al ejercicio 2017, publicado este jueves.
"Tras la resolución, el banco ha decidido aplicar a estos conceptos cláusulas de ajuste, reducción y recuperación ('malus' y 'clawback') del 100% de las cantidades correspondientes de conformidad con la política de remuneraciones de la entidad y la normativa vigente de remuneraciones de consejeros de entidades de crédito.
Según consta en el documento, el pago de las cantidades reclamadas por Santander a Gómez y Ron se externalizó en una póliza de seguros con Mapfre. No se detalla la parte que ya se ha abonado a ambos exconsejeros y la que está pendiente de cobro.
Popular introdujo estas cláusulas en su política de retribuciones en el marco de la adaptación de Basilea III al ordenamiento jurídico de la Unión Europea (UE) antes de que fuesen de obligado cumplimiento.
Permiten exigir a los beneficiarios la devolución de la retribución variable durante los tres años siguientes a la liquidación y abono en una serie de supuestos, como que se ha percibido con arreglo a información cuya falsedad o inexactitud grave quede demostrada a posteriori o si afloran riesgos asumidos durante el periodo considerado u otras circunstancias no previstas ni asumidas por el banco que tengan un efecto negativo material sobre las cuentas de resultados.
SARACHO PERCIBIÓ 4,48 MILLONES
En el informe anual también se detalla que el expresidente de Popular Emilio Saracho cobró 4,48 millones de euros durante su etapa al frente de la entidad, de los que 4 millones corresponden a la prima de contratación.
Saracho se mantuvo al frente de Popular desde el 20 de febrero de 2017 hasta la noche del 6 al 7 de junio de ese mismo año, cuando la Junta Única de Resolución (JUR) y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) resolvieron la entidad.
Por su parte, Ron percibió 218.000 euros por el periodo que ejerció de presidente de Popular en 2017, mientras que su consejero delegado, Pedro Larena, ganó 303.000 euros.