Llardén, en la conferencia con analistas en que ha expuesto los resultados del grupo de transporte gasístico en 2017, respondía así al ser preguntado por las consecuencias de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anuló varios artículos del real decreto-ley que estableció la indemnización a la promotora y concesionaria del proyecto, Escal (participada por ACS), y a Enagás por el mantenimiento de la instalación mientras esté hibernada.

Ha explicado que Enagás no se ve afectada por la paralización de los pagos de las compensaciones (que la compañía abonó en un sólo pago a Escal a cambio de unos derechos de cobro a cargo del sistema gasista que luego transfirió a un sindicato de bancos), aunque sí por lo que percibe por los gastos de mantenimiento.

Llardén ha recordado que el Constitucional no cuestiona ni el pago de la indemnización ni por el mantenimiento en condiciones seguras del almacén, de lo que se encarga Enagás, pero al establecer en su sentencia que hay que revisar la fórmula que se utilizó para proceder a ello, Enagás también deja de cobrar por el mantenimiento.

No obstante, ha señalado que la compañía tiene "la declaración de los servicios del Ministerio" de que esos gastos "los van a incorporar en la próxima orden ministerial que hagan general del sistema porque entienden que no quedan en absoluto afectados" por la sentencia.

Asimismo, ha señalado que la paralización temporal de los pagos no afecta al beneficio de Enagás, ya que las labores de mantenimiento de Castor las lleva a cabo "a puro coste" y ha añadido que los costes de operación más o menos recurrentes de lo que es el mantenimiento de seguridad de Castor son de unos ocho millones de euros.