El reglamento que prepara el Ayuntamiento de Barcelona para regular los vehículos de alquiler con conductor (VTC) ha hecho saltar todas las alarmas en el sector. Consideran que se trata de una normativa que pone en peligro el modelo de negocio, y que impediría el desarrollo de empresas como Uber y Cabify en la ciudad, vital para su futuro.
Parece haber una cierta unanimidad entre los amos de la VTC en que Ada Colau se arroga competencias que no le corresponden en el reglamento adelantado por EL ESPAÑOL. No hay que olvidar que otorgar y regular este tipo de licencias corresponde a la administración regional. Es decir, a la Generalitat de Cataluña al tratarse de Barcelona.
Las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL consideran también que atenta contra la Ley de Unidad de Mercado vulnerando la competencia. Especialmente por la decisión de implantar la limitación de una licencia de VTC por cada 30 de taxi, algo que estudiará el Supremo el próximo 17 de abril tras ser impugnado por la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC), Uber, Cabify y la patronal Unauto.
Todo ello por no hablar, señalan, de que estamos ante una normativa que pretende operar contra actores que ya están en el mercado.
El precedente de Madrid
Dentro de la exposición de motivos de la norma elaborada por Colau se habla también de la necesidad de regular el tráfico (competencia municipal); y de la limitación de tráfico por motivos medioambientales. Algo que ya aplicó en Madrid el consistorio de Manuela Carmena cuando comenzaron las restricciones al tráfico en episodios de alta contaminación en la Gran Vía; y que fue ‘tumbada’ por la justicia, recuerdan.
No se descarta tampoco que pueda existir un movimiento por parte del Gobierno central (si considera que el reglamento se arroga competencias que no lo corresponden); o de la propia Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) que -aunque todavía no pueden tener conocimiento del documento al no estar aprobado- podrían recurrir al Tribunal Supremo.
Lo que parece claro es que, recurra quien recurra, se solicitará la suspensión temporal de la norma. De ocurrir, y en caso de que el Ayuntamiento tuviera que indemnizar por los daños ocasionados a las empresas que operan con VTC podría tener un coste para las arcas públicas cercano a los dos millones de euros mensuales.
Fuentes conocedoras de la negociación aseguran que el consistorio está tranquilo, que sus servicios jurídicos han analizado en diversas ocasiones el texto y que no hay opción a que se admita un recurso en su contra. Sin embargo, desde el sector VTC no piensan igual; creen que contiene lagunas legales por todas partes. Incluso, hay quien habla de una redacción hecha por "zote" jurídico.
El coste electoral
También ha levantado suspicacias el momento elegido para firmar el nuevo reglamento. El 27 de febrero. En pleno Mobile World Congress, y después de que algunas organizaciones de taxistas de Barcelona hayan “amenazado” (en referencia a Élite Taxi y otras asociaciones del sector en Barcelona) con reventar el MWC.
Consideran que es un guiño de Colau hacia los taxistas para evitar problemas en la ciudad; pero también hacia los organizadores del Congreso. En alguna ocasión los miembros de GSMA, la asociación que lo organiza, han expresado que -entre sus preocupaciones a la hora de seguir en la ciudad Condal- no estaba sólo el tema de la independencia, también un potencial colapso de la ciudad por parte del sector del taxi.
Sea como sea, lo que parece claro es que esto acaba de comenzar. El camino emprendido por Colau, de tener éxito, puede servir de acicate para otros ayuntamientos. Así que la guerra está servida.