La junta de la compañía será escenario de las discrepancias entre sus dos máximos accionistas -la alemana es propietaria del 59% del capital e Iberdrola posee el 8% de la empresa nacida de la fusión de Gamesa con la división eólica de Siemens-, después de que Iberdrola haya incluido en el orden del día de la convocatoria dos puntos en los que pide abordar la ratificación del mantenimiento de la sede del grupo en España y un reforzamiento del gobierno corporativo de la sociedad en materia de operaciones vinculadas.

De esta manera, Iberdrola forzará a la compañía a mostrar los compromisos asumidos en relación con el mantenimiento en España del domicilio social, la sede efectiva y operativa como sociedad matriz del grupo, y la sede efectiva y operativa del negocio 'onshore', así como las medidas para garantizar su cumplimiento.

Además, la energética pedirá someter a los accionistas el reforzamiento del gobierno corporativo de la compañía en materia de operaciones vinculadas, "para la protección de los accionistas minoritarios frente al riesgo de administración de hecho por parte del accionista mayoritario".

Desde finales del año pasado, la eléctrica, en la figura de su presidente, Ignacio Sánchez Galán, ha hecho más que público su descontento con la gestión del fabricante de aerogeneradores, que terminó 2017 siendo el peor valor del Ibex 35 con una caída en el ejercicio del 40%, aunque en lo que va de año ha recuperado parte de ese brusco descenso en su valor.

PLAN DE INCENTIVOS PARA DIRECTIVOS

Asimismo, la compañía someterá a sus accionistas la aprobación de un plan de incentivos a largo plazo para hasta 300 directivos para el periodo 2018 y 2020 por un máximo de 5,6 millones de acciones.

Según indicó la compañía, este plan tiene "como principal objetivo" alinear los intereses de los beneficiarios con los intereses de sus accionistas y ofrecer un incentivo a aquellos por la consecución de los objetivos estratégicos de la compañía para el periodo comprendido entre los ejercicios 2018 y 2020.

El plan está dirigido al consejero delegado de la empresa, Markus Tacke, así como a altos directivos y determinados directivos y empleados de Siemens Gamesa y de las sociedades dependientes.

En concreto, el límite total del plan asciende a 5,6 millones de acciones, que representan el 0,82% del capital social de Siemens Gamesa. A los actuales precios de mercado, este número de títulos alcanza un valor de más de 69 millones de euros. Esta retribución en 'especie' para los directivos de Siemens Gamesa será liquidable dentro de los ejercicios 2021, 2022 y 2023.

En el caso del consejero delegado, podrá recibir una asignación anual máxima en cada uno de los años de vigencia del plan de 82.000 acciones, "sin que, en ningún caso, el valor de las acciones asignadas cada año en la fecha de asignación pueda superar el 100% de su retribución fija en esa fecha".

PLAN ESTRATÉGICO

A mediados del pasado mes de febrero, Siemens Gamesa presentó su nuevo plan estratégico para el periodo 2018-2020, en el que prevé reducir costes por 2.000 millones de euros y acelerar su objetivo de sinergias a más de 400 millones de euros en 2020 tras la integración.

Asimismo, el grupo prevé destinar a retribuir a los accionistas en dividendo el 25% de su beneficio neto, en línea con lo que hacía la antigua Gamesa, y se ha marcado unos objetivos de margen de beneficio operativo (Ebit), excluyendo el coste de los PPA y de la integración, de entre el 8% y el 10%, frente al 7-8% actual.

Después de haber registrado pérdidas desde que cerró la fusión, las últimas de ellas de 35 millones de euros en el primer trimestre de su año fiscal (de octubre a diciembre), el grupo vaticina que su beneficio neto será positivo a partir de 2018.