En su segundo día de vida pública, el esperado informe elaborado por el Comité de Expertos de Transición Energética ha tropezado ya con el propio ministro de Energía, con el sector de las renovables y con los defensores de los consumidores.

Después de alabar el esfuerzo realizado en los últimos seis meses en este “trabajo bastante único en España”, Álvaro Nadal ha puesto los puntos sobre las íes: no traspasará los costes del recibo de la luz a los Presupuestos Generales del Estado.  

Una de las principales medidas que propone el consejo de ‘sabios’ designado por el Gobierno y los grupos políticos el verano pasado es abordar una reforma fiscal con objetivos medioambientales. El objetivo es internalizar los costes ambientales de cada producto energético y armonizar los impuestos que se aplican a nivel estatal y autonómico.

En esta reforma fiscal se propone, por un lado, un nuevo impuesto sobre las emisiones de CO2 y aumentar los tributos sobre los combustibles fósiles; y, por otro, eliminar del recibo de la luz de los contribuyentes los conceptos que no tienen relación directa con la generación de electricidad y llevarlos a los Presupuestos y pagarlos a través de los impuestos aplicados a otros tipos de energía.

Al eliminar de la factura los alrededor de 10.800 millones en costes asociados a políticas energéticas pasadas (que incluye primas a las renovables, el déficit tarifario y los costes de generación extrapeninsular), se lograría abaratar el recibo en un 6,8%, consideran los expertos. Pero como los costes no desaparecen y es necesario financiarlos proponen una subida del precio del gasóleo de un 28,6%, del 5,8% para el gas natural y de un 1,8% para la gasolina, además de un alza del IVA de entre 1,1 y 1,3 puntos. 

“Es difícil compartir que traslademos al contribuyente los costes del sistema eléctrico, que son costes históricos y debidos a decisiones muchas de ellas muy precipitadas”, ha asegurado Nadal. En palabras a Cadena Cope, el ministro se ha mostrado partidario de que los costes del sistema eléctrico “se sigan pagando con costes energéticos y que la política energética, más que trasladar su problema al presupuesto, luche por bajar esos costes y hacer reformas”.

Desde la cartera que dirige ya se apuntaba este lunes que hay medidas propuestas que trascienden a sus competencias, por lo que es necesario comenzar a debatir para tomar unas decisiones que, en todo caso, se aplicarán de forma gradual, dando un primer pinchazo a las expectativas puestas en un informe cuya versión final casi alcanza las 550 páginas.

Los renovables también ven agujeros

Las primeras reacciones vertidas desde el sector renovable muestran un panorama dividido. Por un lado, se valora positivamente la visión de un futuro energético basado en las renovables o la propuesta de una reforma fiscal con orientación medioambiental en la que rige el criterio de que “quien contamina, paga”. Por otro, consideran que el documento se queda corto en temas como la energía eólica o, directamente, ignora al consumidor en una transición energética que debe plantearse como un proceso que involucra a toda la sociedad.

Desde la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) se valora el “papel central” que se ha dado a la tecnología fotovoltaica en la transición energética. Con la “considerable” previsión de aumento de potencia fotovoltaica para 2030, diez veces más que la que hay instalada ahora, el sector ve “una oportunidad clave para que los ciudadanos tengan energía más barata y para alcanzar un modelo de desarrollo más estable”, afirma su director general, José Donoso.

Lamenta, sin embargo, que el escenario base del informe suponga una penetración de renovables en el consumo final de energía de un 29,5%, siendo un 35% lo que se defiende ya en el Parlamento Europeo. A esta crítica se suma la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) que no entiende que los expertos no hayan fijado como mínimo en sus escenarios bases un nivel de penetración de entre un 27% y un 35%, y “sin embargo, se planteen escenarios alejados de nuestras posibilidades como la instalación de 124.500 MW de renovables, más acordes con un ejercicio teórico que con un planteamiento factible”.

Además, la asociación valora la propuesta de reforma fiscal “para mandar una señal clara de precios al sector energético”, pero echa en falta un escenario más ambicioso para la energía eólica “dada la capacidad industrial y el potencial exportador de nuestro país”. Coincide en esto la Asociación Empresarial Eólica (AEE), que considera que aunque es positivo que el escenario base plantee un incremento de la potencia instalada de esta tecnología, el informe “no refleja adecuadamente su potencial” a la hora de, por ejemplo, generar más energía renovable, reducir el coste anual variable de generación y reducir las emisiones de CO2.

Otro de los puntos en los que APPA no coincide es en la posibilidad de trasladar las primas por las centrales renovables instaladas en el pasado a los Prespuestos “independientemente de que se produzca una reforma fiscal en el sector energético”. “Las renovables poseen costes y beneficios que no debemos disociar, de igual manera que se produce un importante ahorro en el mercado mayorista y se refleja en el sistema, los costes deben también imputarse en el mismo sistema”, ha aclarado el presidente de APPA Renovables, José Miguel Villarig.

Algunas críticas son más duras todavía. Desde la Fundación Renovables consideran que “se ha perdido una oportunidad de oro”. Fernando Ferrando, su presidente, reconoce que todavía no han hecho un análisis en profundidad y que guarda esperanzas de estar equivocado, pero por ahora le parece un informe “deficiente, un quiero y no puedo”.

“Coincidimos en que la presión fiscal sobre los combustibles tiene que ser más alta y que tiene que tener un carácter medioambiental, pero empieza a marcar exenciones y acaba derivándose esa presión a los Presupuestos”, señala a este periódico. En su opinión, el informe comete dos errores, enfocar únicamente desde la oferta energética dejando a un lado la demanda, y olvidarse del consumidor.

“El propio informe expresa que no se han tenido en cuenta cambios en el comportamiento de los consumidores. Es algo que no me parece correcto si se quiere hacer una transición energética inclusiva en un país en el que se tiene una dependencia energética por encima del 80%, en el que somos ineficientes y tenemos un problema de necesidad de sustitución de combustibles”, agrega.

‘Juego de trileros’ con los impuestos

La asociación de consumidores Facua-Consumidores en Acción también se ha posicionado en contra de la subida de impuestos a los carburantes. Considera que este “caramelo envenenado” perjudicará a los consumidores que menos tienen, “que son los que utilizan de forma mayoritaria vehículos que consumen combustibles fósiles”,

"Al final la balanza no queda equilibrada, ya que la mínima bajada de la luz no compensa la subida de costes que supone el aumento del IVA y del precio de los carburantes", indica su portavoz, Rubén Sánchez, que ha definido como “juego de trileros” la propuesta del comité de sabios de subir el precio de los carburantes y el IVA para lograr una bajada de 6,8% en la luz.

Desde Facua elevan su crítica a la propia composición del grupo de expertos. Según Sánchez, su “ideología conservadora no apuesta precisamente por la intervención estatal sobre los oligopolios para frenar sus abusos”. La asociación acusa al Gobierno de no querer “tocar al sector energético” y hace un llamado para que se impida al “lobby de las eléctricas” conseguir “beneficios milmillonarios a costa de los derechos de los ciudadanos”.