Los fondos de inversión estadounidenses Pimco y Anchorage, afectados como bonistas por la resolución del Banco Popular, han presentado en EE.UU. una solicitud probatoria para obtener información detallada sobre la compra por parte del Santander del Banco Popular, que adquirió al precio de un euro.
Se trata de un procedimiento "discovery", corriente en el derecho civil estadounidense y que permite, en la fase previa al juicio, que las partes dispongan de la mayor cantidad de información posible unas sobre otras; con cierta frecuencia, los tribunales reciben peticiones de este tipo procedentes del extranjero.
La solicitud se presentó ayer ante el Tribunal Federal para el distrito Sur de Nueva York, ya que la ley federal permite a demandantes en procedimientos fuera de los Estados Unidos solicitar pruebas que asistan a sus causas legales en el extranjero, siempre y cuando el demandado tenga una presencia en el país y se le considere poseedor de documentos relevantes.
El fondo de inversión estadounidense Pimco y otras cuatro firmas inversoras -Anchorage, Algebris, Ronit Capital y Caim Capital- presentaron en septiembre un recurso contencioso administrativo en la Audiencia Nacional contra el FROB por su papel en la resolución y venta del Banco Popular, que en conjunto les costó 850 millones de euros.
Pero en esta ocasión, son sólo Pimco y Anchorage los que han presentado la solicitud de procedimiento "discovery" en Estados Unidos.
El bufete de abogados londinense Quinn Emmanuel representa a los cinco fondos, que tenían alrededor de 850 millones de euros en bonos del Popular, invertidos en nombre de fondos de pensiones y otros inversores institucionales, así como inversores minoristas.
En España, es la firma Andersen Tax & Legal la que actúa como asesor legal.
Richard East, socio director del bufete legal Quinn Emanuel, ha aclarado que presentan la solicitud "discovery" para obtener "todas aquellas pruebas y datos necesarios del Santander que permitan apoyar nuestras respectivas acciones legales en Luxemburgo y Madrid", una acción "fundamental para un proceso justo, equitativo y transparente".
En su opinión, Santander es el principal beneficiario de la resolución del Banco Popular, y por ello es lógico que se les exija divulgar los documentos clave sobre su participación en la compra, "la cual a su vez provocó la pérdida de las inversiones de nuestros clientes".
El recurso presentado por Pimco y los otros fondos en la Audiencia Nacional no tiene en principio por objeto la restitución de las pérdidas, sino que forma parte de una estrategia legal más amplia que confía en obtener la máxima claridad en torno al proceso de resolución del Banco Popular, ya que en su opinión la resolución del FROB carecía de la motivación necesaria.
De ahí la decisión de acudir a los tribunales estadounidenses con la petición de procedimiento "discovery"; otros afectados por la resolución del Popular también han acudido a la justicia estadounidense.
El inversor Antonio del Valle y otros mexicanos antiguos accionistas de Banco Popular, que llegaron a poseer más de un 4 % de la entidad, reclaman a España 470 millones de euros a través de un arbitraje internacional.
Del Valle presentó además una petición ante un tribunal de Estados Unidos para recabar más información sobre las comunicaciones entre el banco y el Gobierno de España sobre Popular.