Nuevo revés de la justicia europea a la estrategia empresarial de Uber. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado este martes que los Estados miembros tienen plena potestad para prohibir e incluso sancionar penalmente la actividad de Uberpop, el servicio low cost entre particulares del gigante norteamericano. El fallo ratifica que Uber no es una plataforma digital sino un servicio de transporte y que como tal debe cumplir todas las normas nacionales y obtener las licencias exigidas.
El TJUE rechaza así el recurso que presentó Uber contra la prohibición decretada por Francia en diciembre de 2014 contra su servicio entre particulares. La compañía alegaba que la norma francesa afecta a un servicio de sociedad de la información y por tanto tendría que haber sido notificada a Bruselas. Sin embargo, el Gobierno de París no informó previamente a la Comisión Europea, por lo que según Uber no puede ser encausada por este caso.
En su sentencia de este martes, el Tribunal de Justicia concluye que los Estados miembros "pueden prohibir y sancionar penalmente el ejercicio ilegal de una actividad de trasporte como Uberpop sin tener que notificar previamente a la Comisión el proyecto de ley que tipifica como delito dicho ejercicio".
Precedente negativo
El TJUE confirma que el servicio Uberpop está comprendido en el ámbito del transporte y no constituye un servicio de la sociedad de la información. Una conclusión a la que ya había llegado en su sentencia de diciembre de 2017 en el caso que enfrentaba a los taxistas españoles contra el gigante estadounidense. Al no tratarse de una plataforma digital, Francia no está obligada a notificar sus decisiones a Bruselas.
El fallo de la justicia europea supone un nuevo precedente negativo para Uber. La compañía había presentado también en Bruselas una denuncia contra España, donde la justicia prohibió Uberpop también en diciembre de 2014. Con la sentencia de este martes en la mano, el Ejecutivo comunitario desestimará también esta queja.
Uber sostiene en cambio que la decisión del TJUE no tendrá ningún impacto directo en su actividad, ya que tanto en Francia como en España opera ahora con licencias de vehículos con chófer (VTC).