La crisis que culminó con la resolución del Popular el pasado 7 de junio de 2017 tuvo su `reflejo paralelo¿ en los flujos de dinero de los fondos gestionados por Allianz Popular, la sociedad conjunta en la que el banco resuelto, ahora bajo el paraguas del Santander, mantiene todavía un 40% de participación.

De enero a mayo de aquel año, en plena fuga de depósitos en Popular, la gestora sufrió también reembolsos por valor de 846 millones de euros, una cifra que, con las salidas en junio, se disparó a los 1.546 millones de euros.

Según datos de Inverco, justo antes de la intervención de la Junta Única de Resolución (JUR) en la madrugada del 6 al 7 de junio, Allianz Popular AM gestionaba 10.079 millones de euros en fondos (no incluye seguros y pensiones) Hoy, cuando apenas quedan dos meses para `celebrar¿ el primer aniversario del `experimento¿ bancario, la firma mantiene 9.000 millones de euros de patrimonio, después de que en febrero y marzo ha registrado suscripciones netas positivas por valor de unos 100 millones de euros.

Es cierto que es prácticamente imposible que la firma abandone las 10 primeras posiciones del ranking, siendo Unigest quien sigue en el ranking con 6.000 millones de euros gestionados. Pero el bajón en el año es muy notable, y la gestora ha sido adelantada por Ibercaja Gestión y Bankinter Gestión de Activos en los últimos meses. El `sorpasso¿ ha sido especialmente notable con esta última. A cierre de 2016, Allianz Popular AM superaba a la gestora de fondos de Bankinter en más de 3.200 millones de euros por patrimonio. Tras los reembolsos de 2017, la cifra se redujo a 577 millones. Y a cierre de marzo de 2018, Bankinter gestiona ya casi 35 millones de euros más que Allianz Popular AM.

EL FUTURO DE LA ALIANZA

Al contrario de lo que ha ocurrido con Popular Gestión Privada, cuyo personal y cuentas trabajan ya de forma conjunta con el negocio de Banca Privada del Santander, Allianz Popular sigue operando como una entidad independiente, y es el mayor escollo que el banco presidido por Ana Botín ha encontrado hasta ahora para cerrar por completo la compra del Popular, tras superar con éxito la venta de buena parte del ladrillo de la entidad resuelta a Blackstone y recuperar la gestión de los cajeros automáticos y las tarjetas del banco tras la venta a Varde del 49% de WiZink.

Es sin duda uno de los flecos más complejos por resolver. Por eso, fuentes del Santander dudan que puedan tomar una decisión sobre la joint venture de Popular y Allianz antes de que comience 2019. Al margen de la posible indemnización que Santander debería pagar a la aseguradora alemana por romper el acuerdo, existen numerosas dificultades `técnicas¿ que tampoco favorecen una rápida solución.

Durante la presentación de resultados trimestrales, el consejero delegado del Santander, José Antonio Álvarez, no quiso dar detalles. Pero dejó entrever que tienen varios procesos de integración a los que darán prioridad en los próximos meses, como el del negocio de banca minorista de Deutsche Bank en Polonia o la propia red de Popular en Portugal.

La operación es compleja en sí misma. Y no solo porque Allianz sea dueña de Pimco, que actualmente está inmersa en reclamaciones judiciales -y tal vez extrajudiciales con la entidad- por el quebranto que le causó la resolución del Popular. Sin entrar tampoco en el negocio de seguros (donde Santander tiene contrato con Aegon), el hecho de que el gigante bancario cuente con su propia gestora de fondos (Santander AM, con cerca de 38.700 millones de euros de patrimonio a cierre de marzo), puede generar duplicidades, con consecuencias como la fusión de productos de ambas gestoras para lograr una mejor operativa.

Desde Morningstar explican que cuando dos fondos se fusionan, el producto absorbido deja de existir aportando todos sus activos y pasivos al fondo `absorbente¿, con lo que pueden producirse cambios para los partícipes, por ejemplo en las comisiones que pagaban hasta ese momento o en la propia estrategia de inversión del fondo. Aun así, este proceso debe comunicarse con un mes de antelación previa autorización de la CNMV, para que los partícipes puedan decidir si permanecen o no en el producto.