Después de lo sucedido los días 6 y 7 de enero, cuando miles de usuarios quedaron atrapados en la carretera por la intensa nevada, se abrieron un expediente sancionador y otro penalizador a Iberpistas -concesionaria de la AP-6, la AP-61 y la AP-51 a través de Castellana de Autopistas, del grupo Abertis- después de que las primeras pesquisas determinaran la posible responsabilidad por parte de la compañía.

El expediente de penalización contractual, abierto al amparo de la Ley de Autopistas, concluyó con la imposición de una multa de 1.200 euros tras concluir que Iberpistas había incumplido su contrato en lo referente a la obligación de conservar la vía en perfectas condiciones de utilización (300 euros por cada día y concesión), han informado hoy a Efe fuentes conocedoras del proceso.

En un acto en Lugo, el ministro de Fomento ha reiterado que la sanción impuesta es "la máxima que permite la ley".

En cualquier caso, ha incidido en que hay que atender también a la resolución de otros expedientes y de otro tipo de cuestiones, como los gastos que Fomento va a "girar" a la concesionaria y también las inversiones que son necesarias, y que su departamento entiende que corresponden a la empresa, "como en la mediana".

"(Este expediente ya resuelto) es el primero de una larga batería de expedientes, hemos aplicado el máximo que permite la ley", ha dicho.

En cualquier caso, preguntado por si es preciso revisar la ley, ha indicado que es una norma "antigua" y que "como todas, merece la pena una cierta revisión respecto a los supuestos para expedientes sancionadores".

"Es bueno abrir esa reflexión", ha indicado, si bien ha insistido en que el Ministerio ha actuado y seguirá haciéndolo "de manera proporcional y justa" para resarcir a la Administración del daño generado.