Los bancos sondeados para comprar Popular cifraron en hasta 11.000 millones el déficit de provisiones

Concretamente, Bankia estimaba que el déficit de provisiones rondaba los 6.000 millones de euros, cifra inferior a la estimación de Santander, que fue de 7.000 millones de euros, pero muy alejada de los cálculos de Sabadell, que lo cuantificaban en 11.000 millones de euros, informaron a Europa Press fuentes próximas al antiguo equipo gestor.

No obstante, los gestores de Popular estimaban que esta cifra era menor y no sobrepasaba los 5.000 millones de euros.

En todo caso, todas las entidades que mostraron interés otorgaban a Popular una valoración negativa, principalmente debido al potencial coste que acarrearían las previsibles demandas contra el banco por la ampliación de capital lanzada en mayo de 2016.

En mayo del pasado año, y de forma paralela al estudio de una posible ampliación de capital, el banco puso en marcha una operación para su propia venta con el apoyo de JP Morgan, firma a la que el entonces presidente de Popular, Emilio Saracho, perteneció antes de su incorporación. El banco de inversión actuó únicamente como asesor financiero.

La entidad se ofreció a los principales bancos españoles, entre los que se encontraban Sabadell, Bankia, BBVA y Santander, que finalmente se hizo con Popular tras el proceso de subasta que siguió a la resolución del banco.

En el marco de esta operación, denominada 'Proyecto Noya', los bancos interesados pudieron acceder a información relevante sobre Popular a través de un 'data room' virtual que el banco habilitó y al que incorporó documentación relevante.

La entidad que comprara Popular se convertiría en "líder indiscutible" en el mercado de pymes, tendría un potencial "muy significativo" de ahorro de costes y una "importante capacidad de reducción de los costes de financiación mayorista", al tiempo que accedería a una "aceleración relevante" en la utilización de créditos fiscales, según detalla la documentación del proyecto, a la que ha tenido acceso Europa Press.

En el documento se destaca que el banco que se hiciera con Popular podría "recuperar el impulso comercial y el volumen de depósitos" y obtener sinergias de capital "en virtud de la eliminación de deducciones que impactan actualmente la base de capital de Banco Popular por exceder los umbrales".

Además, se destacó el valor del equipo especializado de gestores de la entidad, de la estabilidad en contratación crediticia que tenía el banco en aquel momento y de las alianzas y 'joint ventures' con las que contaba, de las que se decía que tenían "alta capacidad de generación de beneficios a futuro".

La entidad señalaba también en el proyecto que su volumen de activos improductivos (NPA) había tenido un "comportamiento favorable" en los primeros meses de 2017 y, de hecho, se redujeron en 569 millones de euros en el primer trimestre del ejercicio, hasta 36.839 millones de euros. De ellos, 19.112 millones eran préstamos problemáticos (NPL), 15.937 millones de euros activos adjudicados y 1.790 millones de auros activos adjudicados en renta.

DESINCENTIVO TRAS LOS RUMORES SOBRE RESOLUCIÓN

En todo caso, los esfuerzos de los gestores de la entidad para dar salida a Popular e integrarlo en otro banco fueron en vano, especialmente después de que se diera a conocer que la Junta Única de Resolución (JUR) vigilaba la evolución de Popular.

Fue entonces cuando las entidades inicialmente interesadas en hacerse con el banco perdieron cualquier intención de compra, desincentivadas por la posibilidad de que el banco fuera finalmente protagonista de la primera resolución acometida por las autoridades europeas.

Lo que en principio fue un rumor acabó materializándose la tarde-noche del 6 de junio de 2017, cuando la JUR, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) ofreció a las entidades que formaron parte del proceso de venta privado la posibilidad de participar en la subasta por Popular.

Llegado el momento, solamente dos entidades mostraron verdadero interés, Santander y BBVA, si bien la entidad presidida por Francisco González se retiró de la puja sin formalizar una oferta.

Así, Santander, que ofreció un euro por el banco, el precio mínimo establecido por el Frob, se quedó con la entidad y para asumir la compra tuvo que realizar una ampliación de capital por 7.072 millones de euros, que cubrió, principalmente, durante el periodo de suscripción preferente.