Martes, 6 de junio de 2017. Tres de la tarde. Ministerio de Economía. El entonces ministro Luis de Guindos recibe una llamada. Al otro lado del teléfono le espera Emilio Saracho, presidente del Banco Popular. "Nos hemos quedado sin liquidez, mañana no podemos abrir las puertas", dijo el responsable de la entidad. Esa llamada fue el comienzo de una loca carrera para evitar un episodio de pánico bancario que derivara en una amenaza para el sistema financiero español.

Saracho tiraba la toalla seis meses después de su llegada, tras reformular las cuentas del ejercicio 2016 por estar mal planteadas, acosado por la presión bajista en Bolsa y después de una retirada de depósitos de unos 77.000 millones de euros. El que debía ser el salvador del Popular se convertía en su liquidador, aunque hay quien dentro del sistema financiero sostiene que él ya sabía a lo que iba cuando asumió la presidencia.

Con el presidente del banco fuera de escena y convertido en mero espectador de todo lo que venía a continuación, Guindos activó las alarmas: Banco de España, Banco Central Europeo, Comisión Europea… Se activó por primera vez el Mecanismo Único de Resolución (MUR) del que España había sido promotor. ¿Objetivo? Buscar la mejor salida para el banco y generar el menor daño al conjunto del sistema. Es decir, dejarlo caer de forma ordenada o venderlo al mejor postor.

En esta carrera participaron todas las entidades, pero solo dos llegaron a la recta final: BBVA y Banco Santander. El primero optó por la retirada; el segundo ofreció un euro por la entidad y se comprometió a realizar una inyección urgente de 7.000 millones para abrir sus puertas al día siguiente. Y dicho y hecho. Al filo de las ocho de la mañana del 7 de junio se comunicaba al mercado que Popular había caído y que la entidad de Ana Botín se haría cargo de recoger sus pedazos e intentar recomponerlo.

La caída dejó 'pillados' a miles de accionistas

El siguiente golpe se lo llevaron los más de 300.000 accionistas y bonistas del Popular. Habían perdido absolutamente toda su inversión en la entidad. El proceso está todavía en manos de la Justicia. En la Audiencia Nacional, el juez Fernando Andreu ya ha solicitado un informe a dos peritos del Banco de España para que analicen lo ocurrido. Sobre todo, deben aclarar el inicio de los problemas de la entidad que, como desveló el propio presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, podrían venir desde el año 2008, según le reveló el propio Emilio Saracho.

Sólo la Audiencia Nacional acumula cerca de 260 demandas contra la resolución del Popular. Hay que sumar también las presentadas contra el proceso administrativo de resolución. Es decir, contra la Junta Única de Resolución que lidera Elke König, ante el Tribunal Europeo de Justicia. Allí, tal y como ha contado EL ESPAÑOL, ya se han seleccionado seis demandas distintas que serán la base para tratar de esclarecer lo ocurrido y que se emplearán como jurisprudencia para resolver el resto.

Pero aún queda un largo camino hasta que los tribunales dicten sentencia. El siguiente paso será conocer el último informe de valoración de Deloitte. La auditora debe presentar todavía un documento en el que establezca si había una fórmula mejor para resolver el Popular para sus accionistas. En caso de que considere que sí existía será Europa quien indemnice a los titulares de las acciones; si considera que no había otra posibilidad que no fuera la venta al Santander por un euro, todo seguirá como hasta ahora.

Ese informe, que se conocerá en las próximas semanas, será polémico. Muchos de los accionistas, pero también de los bonistas del ‘Popu’, creen que Deloitte no será imparcial a la hora de hacer su valoración. Consideran que es imposible que emita un informe contrario a su primera valoración, elaborada justo antes de la resolución del banco. ¿Y qué decía en ella? Pues que el banco tenía un valor de entre -8.200 millones y 1.300 millones de euros, en función de quién presentara la propuesta de compra.

El 'informe' Deloitte

La valoración presentada por Deloitte también es una de las grandes incógnitas de todo el proceso de resolución. Aunque no fue entregada a ninguno de los bancos que participaron en la puja por Popular, sí que sirvió de base para la toma de decisiones por parte de la Unión Europea. Se trata, además, de un informe que comenzó a prepararse doce días antes de que Saracho tirase la toalla, lo que implica que ya existía un cierto nerviosismo entre las autoridades europeas antes de la alerta general. A un año de la caída del banco, aún no se conoce el contenido completo del informe porque buena parte ha sido censurado.

Precisamente esa vigilancia europea es una de las cosas que tiene con la mosca detrás de la oreja a los pequeños inversores, pero también a grandes como Luksic, Del Valle o bonistas como Pimco. Y es que el propio Banco Central Europeo (BCE) había determinado días antes de su caída que el ‘Popu’ era solvente, por lo que no se entiende cómo ahora se puede esgrimir como causa de su caída una crisis de solvencia, tal y como dicen los documentos del BCE.

Más llamativa resulta la actitud del regulador cuando, según se desprende de las actas del consejo y de varias demandas ante la Audiencia Nacional, había enviado señales inequívocas de que estaba preocupado por la situación del Popular. En concreto, el BCE había mostrado su preocupación por la excesiva carga inmobiliaria que tenía el banco y que era incapaz de digerir por dos motivos: lentitud en la toma de decisiones y porque era el que peor había jugado sus bazas en la época del boom al ser el último en sumarse a la loca carrera por el ladrillo.

Así que habrá que analizar también el papel de los antiguos responsables de la entidad: Ángel Ron y Emilio Saracho. En el caso de este último, el salvador se convirtió en liquidador, y eso que venía con la vitola de ser uno de los mejores banqueros de inversión del mundo, pero que en el retail fracasó estrepitosamente. Su gestión duró poco más de seis meses, pero la polémica rodea su corto mandato. Entre otros delitos, está acusado de manipulación del mercado con la intención de hundir el precio de las acciones.

El propio Saracho reconocía ante su consejo de administración que no terminaba de entender el funcionamiento de la banca minorista. Ese es, precisamente, uno de los grandes reproches que se le hace, unido al famoso discurso en la última junta de accionistas en el que dejó abiertas todas las opciones: la venta o la ampliación de capital, sin decantarse por ninguna y dejando claro ante el mundo que no había una hoja de ruta clara que seguir.

Saracho y las ofertas de compra

El expresidente también deberá explicar el por qué rechazó dos propuestas de compra del banco. Ha sido la JUR la que ha desvelado que el Barclays envió una carta al Popular ofreciéndose a cubrir una parte importante de una posible ampliación de capital, y que el Deutsche Bank aseguraba que había mantenido contactos con “inversores institucionales y grandes patrimonios” para que esa ampliación se pudiera cubrir con éxito. Ambos documentos cayeron en saco roto y fueron rechazados sin que todavía se conozca el motivo.

La ampliación de capital quedó descartada por el propio Saracho, pero parece que también fracasó en su intento por vender el banco a alguna entidad nacional. Santander, BBVA, Caixabank, Sabadell y Bankia estudiaron en algún momento la opción de hacerse con el banco. Pero todos, poco a poco, lo descartaron. Unos, por ser demasiado grande; otros, por no ver claro qué iba a ocurrir con su ladrillo o porque no les interesó. A Saracho se le acababan las opciones mientras se enfrentaba al mismo consejo que le nombró para salvar la entidad.

El papel de Ron

Ese mismo consejo fue el que se ocupó de cesar a Ángel Ron cuando las cosas ya empezaban a torcerse a mediados de 2016. El expresidente, que al igual que Saracho guarda silencio, tendrá que dar cumplida cuenta de su gestión ante la Justicia. Asumió la presidencia en 2004 y, en los doce años que estuvo al frente, el banco pasó de valer 20.000 millones en Bolsa a poco más de 3.000 millones y de ser uno de los más rentables a ser uno de los que más pillado estaba por la burbuja inmobiliaria.

El propio consejero delegado del banco con Saracho como presidente, Ignacio Sánchez Asiaín, reconocía que el "Popular se embarcó en una fuerte expansión del crédito inmobiliario en un momento desafortunado, justo al final de ciclo creciente pasado, y no ha podido terminar de digerirlo pese a unos esfuerzos tremendos de saneamiento".

Unos saneamientos que podrían haber sido bastante más intensos, pero que se limitaron a la venta de unidades improductivas, a los cambios internos, la suspensión del dividendo… Patadas hacia adelante que no sirvieron para nada. ¿El mejor plan que Ron planteó para desprenderse del inmobiliario? La puesta en marcha de un ‘banco malo’ propio. El proyecto ‘Sunrise’ que no llegó a ejecutarse porque fue cesado de su puesto antes de llevarlo a cabo.

Entre medias, dos ampliaciones de capital y la absorción del ‘Pastor’, una operación que fuentes de mercado aseguran fue una buena adquisición, aunque en un momento complejo para el banco. También la entrada del mexicano Del Valle en el accionariado de la entidad. Fue en 2013 y a cambio de que el ‘Popu’ se hiciera con algo más del 24% de los títulos del BX+ en México.

Todos esos movimientos los tendrá que explicar Ángel Ron ante la Justicia, sobre todo si se demuestra que ha habido falseamiento contable. A nadie le cuadra que la entidad pudiera caer de la noche a la mañana. Mientras, miles de accionistas esperan el veredicto de la justicia para intentar recuperar una parte de lo invertido, algo que no parece que vaya a ser sencillo.