El Supremo declara al Taxi servicio de “interés general” pero los taxistas quieren más

El sector del Taxi está de enhorabuena. El Tribunal Supremo le ha dado la razón y ha fallado que se trata de un servicio que debe ser considerado de “interés general, lo que justifica medidas regulatorias respecto a servicios análogos en el mismo segmento de mercado”. Es decir, que debe ser protegido frente a Uber y Cabify.

Un estatus que le ha otorgado el Alto Tribunal en una sentencia emitida este lunes en la que estudiaba si era legal o no que las plataformas que operan licencias VTC tengan una serie de limitaciones a la hora de operar, entre otras, el límite de una licencia por cada 30 de taxi.

Sin embargo, y aunque las peticiones de los taxistas han sido atendidas prácticamente en su totalidad, el sector quiere mucho más. La siguiente batalla será la de conseguir que se establezca una licencia urbana para Uber y Cabify. Es decir, algo similar a lo que acaba de implantar el Gobierno de Ada Colau en Barcelona, donde las VTC tendrán que tener un permiso municipal -con una serie de requisitos- si quieren trabajar en la Ciudad Condal.

Licencia urbana

Fuentes consultadas por EL ESPAÑOL aseguran que se trata de una posibilidad contemplada en la recién reformada Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT), y están dispuestos a hacer que salga adelante. Pero como en casi todo, el sector está dividido en la forma en que deben llevar a cabo esta reclamación.

Desde Fedetaxi han solicitado que se lleve a cabo de una forma ordenada y a partir de la Conferencia Nacional de Transportes. Según explican fuentes cercanas a la Federación, consideran que los requerimientos deben ser iguales para todos los Ayuntamientos, ya que de lo contrario se podría vulnerar la posibilidad de que las VTC puedan competir en igualdad de condiciones.

Más beligerantes se muestran desde Élite Taxi. Su portavoz, Tito Álvarez, explica a EL ESPAÑOL que "la sentencia abre la puerta a que exista una normativa municipal para regular al sector y, por tanto, debe aplicarse cuanto antes", e incluso ya están preparando manifestaciones solicitando que se pongan en marcha de forma urgente.

También desde Antaxi reconocen su interés en promover esta licencia urbana, aunque van un paso más allá. Su portavoz Luis Lopez asegura que van "a trabajar para que el Gobierno comience a retirar los excedentes de licencias que vayan más allá del límite del 1/30". Para ello confían en convencer al Ejecutivo de Sánchez en que comience a estudiar la renovación de los permisos VTC que debe hacerse cada tres años. 

La posibilidad de que se implante una licencia municipal es algo que aterra a los empresarios de VTC. Fuentes del sector explican que la imposición de una nueva limitación no se ajustaría a la legalidad, dado que supondría imponer una doble licencia; algo que va en contra de la libre competencia y de la Ley de Unidad de Mercado.

Guerra del Taxi

Así que la denominada ‘guerra del Taxi’ va a continuar, aunque ahora en otro escenario bélico. La idea de los taxistas es seguir protegiéndose ante la inminente llegada de otras 10.000 licencias VTC en los próximos meses. Se trata de peticiones hechas antes de 2015, cuando se recuperó la normativa del 1/30, y que están a la espera de ser concedidas por los tribunales.

¿Qué pasará con todas las peticiones posteriores al 2015? Pues que serán denegadas en su mayoría, dado que el Supremo avala al Gobierno en su protección frente al Taxi. Los jueces consideran que la limitación de una VTC por cada 30 taxis se sostiene porque debe haber un “equilibrio” entre ambas modalidades de transporte.

Ese ratio de 1/30 que fija ahora el Tribunal es el mismo que impuso el Gobierno en 2015, que es el mismo que se impuso en el año 1998 cuando se reguló por primera vez el sector de las VTC. Los magistrados reconocen que lo utilizan porque “es la histórica” y “los recurrentes no plantean una posible alternativa a la misma”.

Esos mismos argumentos son los que utilizan los magistrados para dar luz verde a mantener la llamada “habitualidad” en el sector. Es decir, que las VTC sólo puedan trabajar el 20% de su tiempo fuera de su Comunidad Autónoma.

Las licencias

El único ‘varapalo’ que sufren los taxistas es que el Supremo va a permitir, a partir de ahora, que cualquier persona pueda acceder a la compra de una licencia para operar con Uber o Cabify. Hasta este momento era necesario disponer de una flota de siete vehículos, con las consiguientes licencias. Sin embargo, el Supremo ‘tumba’ esa limitación por considerar que supone poner palos en las ruedas de la competencia.

Con esta Sentencia el Tribunal Supremo trata de poner fin a una ‘guerra’ entre los distintos actores del transporte urbano que ya zanjó el Gobierno de Rajoy con un decreto hace escasas semanas. En él se contemplaba, precisamente, lo mismo que ahora los jueces avalan y que antes se recogía en un reglamento en lugar de en una ley.

En contra de lo que pueda parecer, esta sentencia también es del agrado de la mayor parte del sector de las VTC. Una liberalización completa de las VTC hubiera supuesto un varapalo importante para empresarios y fondos que han invertido millones en la compra de licencias. Ahora mismo la venta en el mercado secundario de una autorización ronda los 60.000 euros.