Las grandes tecnológicas que operan en España, como Google, Facebook o Microsoft, miran con recelo la llegada del nuevo Gobierno. Existe un cierto temor a que Pedro Sánchez pueda recuperar alguna de las propuestas de su programa electoral de 2016 y promueva un ‘impuestazo’ que deje temblando las arcas de estas compañías.
El documento con el que acudió a las últimas elecciones planteaba un “impuesto sobre la detracción de rentas en abuso de derecho”. Algo que se enmarcaría en una reforma fiscal a nivel global que debería plantearse en la OCDE, el G-20 y la Unión Europea.
Se trata de una imposición que se aplicaría a aquellas compañías que utilizan esquemas para tributar menos en los países donde operan, algo de lo que se acusa a las grandes tecnológicas que, en su mayoría y a través de subterfugios fiscales, desplazan sus beneficios a países donde pagan menos impuestos, como Irlanda o Luxemburgo.
A falta de ver la actitud del nuevo Gobierno de Sánchez, la intención del programa electoral del PSOE era la de plantear un impuesto del 35% sobre los beneficios que las empresas "sustraigan" del control tributario mediante “esquemas de planificación fiscal agresiva”. Una idea que podría retomar en los próximos meses y que, según fuentes del sector, tiene una venta muy fácil entre aliados del Gobierno como Podemos.
“La facturación de las tecnológicas se presta a mucha demagogia”, explican. Por tanto, no sería descabellado pensar que pueda recuperarse esta figura. Eso sí, no a corto plazo pues requiere un debate a escala internacional.
Sin embargo, sí que abre la puerta a un problema mucho mayor, dado que -aunque va dirigido a las tecnológicas- podría hacerse extensivo hacia otras muchas empresas. “¿Qué compañía no utiliza estrategias para tratar de optimizar su tributación?”, se preguntan desde las empresas.
El impuesto a las pensiones
En lo que sí parecen estar más convencidas las fuentes consultadas es en que Sánchez mantendrá el ‘impuesto Montoro’ para financiar las pensiones. De hecho, el presidente del Gobierno ya se mostró a favor de esa figura que supone gravar con un 5% la facturación. Algo a lo que las compañías afectadas mostraron su rechazo porque podría “comerse todo el beneficio” de las empresas que operan con márgenes más estrechos.
Con esa imposición, Montoro esperaba recaudar hasta 600 millones este año, que podrían incrementarse en otros 1.000 millones durante el transcurso de 2019. Se trata de un impuesto con el que el Gobierno de Mariano Rajoy buscaba adelantarse a las negociaciones que se mantienen ya en la Comisión Europea para gravar a las Google, Facebook o Microsoft de turno.
De hecho, España fue una de las principales promotoras de ese impuesto que analiza Bruselas, basado en que “está en juego la eficiencia económica y también la justifica fiscal y la soberanía”, tal y como relataba nuestro país junto a Francia, Alemania e Italia en una carta remitida al resto de los socios comunitarios.
Todo después de un informe en el que los cálculos de la Comisión Europea estiman que España dejó de ingresar 482 millones de euros entre 2013 y 2015, una cifra que se eleva a los 5.400 millones de euros en la Unión Europea por la ingeniería fiscal que aplican los gigantes de Internet.