La separación y cese de Beta fue elevada a la Junta por el propio Consejo de Administración, reunido previamente, y después de que en los últimos meses Moreno Carretero haya expresado sus diferencias con el resto de miembros del máximo órgano de decisión de Sacyr, e incluso las haya impugnado ante los tribunales.
La petición del consejo contó con trece votos a favor y el único voto en contra fue del propio Moreno Carretero. Tras su expulsión, la Junta ha aprobado reducir de 14 a 13 el número de asientos en el consejo, así como la petición de un accionista del ejercicio de una acción de responsabilidad social contra el empresario.
La semana pasada, Moreno Carretero interpuso una demanda ante los Juzgados de lo Mercantil de Madrid para impugnar la modificación del reglamento del consejo de Sacyr, en virtud de la cuál, según denuncia, los consejeros sólo podrán comprar o vender títulos de la compañía previa autorización del máximo órgano de dirección, algo que desde el grupo niegan y limitan al caso de productos derivados.
"Esta actuación, junto con otros hechos anteriores, han hecho al consejo tener que proponer, muy a su pesar, el cese y separación de Beta Asociados de su cargo como consejero, al entender que ha infligido sus deberes y está lesionando el crédito, la reputación y el bueno nombre de la compañía", ha dicho el presidente del grupo, Manuel Manrique, durante su intervención en la Junta.
El ejecutivo, a quien Moreno Carretero ha pedido que deje paso a un consejero delegado, ha defendido su gestión al frente de Sacyr, y ha subrayado la importancia de limitar el uso de derivados a los consejeros de la sociedad porque pueden afectar al valor del grupo.
El año pasado, Moreno Carretero elevó su participación en Sacyr del 5 % a algo más del 14 % - casi el 5 % directamente y el resto mediante derivados-.
En clara referencia a Moreno Carretero pero sin mencionarlo, Manrique ha afirmado que no se puede permitir que "nada, ni nadie, con propósitos individuales que van en contra de la mayoría, nos desvíe de la dinámica de crecimiento y de transformación" en la que ha entrado el grupo.
"Sería volver a iniciar un camino incierto que ya hemos recorrido y revivir situaciones poco transparentes que afortunadamente dejamos atrás", ha dicho Manrique, antes de cargar contra los efectos nocivos de las operaciones con derivados.
Por Beta Asociados, ha intervenido Pablo Olivera, uno de sus asesores jurídicos, que ha calificado la expulsión de "ejecución societaria", y ha asegurado que, con ella, se ha generado "el primer mártir societario del gobierno corporativo español".
"Beta era independiente y sí tenía criterio. Aquí hay consejeros a los que les sobra el calificativo de independientes", ha subrayado Olivera, quien durante su intervención ha defendido las propuestas elevadas por Moreno Carretero a la Junta para mejorar el bueno gobierno de la compañía y después de que fueran rechazadas por el resto del consejo.
Entre esas modificaciones, destaca la petición de que cuando el presidente de la compañía cumpla 65 años (edad que cumple Manrique en 2019), el cargo se desdoble entre los de presidente y consejero delegado (puesto que actualmente no existe en Sacyr).
Por contra, la Junta ha aprobado cambiar los estatutos con el fin de eliminar la obligación de que, al cumplir los 65 años (edad que cumplirá Manrique en 2019), los consejeros ejecutivos tengan que poner su cargo a disposición del consejo.
"No creo que la edad sea un impedimento para el ejercicio de las funciones", ha dicho Manrique, quien ha subrayado que él no concentra todo el poder en Sacyr, ya que cada línea de negocio -Construcción, Concesiones, Servicios e Industrial- cuenta con su propio consejero delegado.
Además, Sacyr cuenta con un "plan de contingencia", en virtud del cual cada directivo tiene designado quién le sustituye en caso de que falle.
Beta proponía la inclusión de cláusulas de reembolso en los contratos de los consejeros ejecutivos, que la Junta decidiera si las remuneraciones que cobran los consejeros en participadas, como la petrolera Repsol, deben ser pagadas a la compañía o a éstos, o que se hicieran públicas las relaciones contractuales entre consejeros que pudiera condicionar su actuación con el objetivo de elevar la transparencia.
"Ya ven ustedes cómo se gastan aquí la transparencia. Aquí es una palabra vacía. Si nuestras propuestas se desestiman, estarán generando el primer mártir del gobierno corporativo español", ha subrayado el abogado, antes de pedir a los consejeros independientes que "ejerzan su independencia" y a los accionistas que se opusieran al "atropello" que supone el cese de Beta.
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