Enfado generalizado entre las empresas de gestión de infraestructuras con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos. No ha gustado nada la forma de anunciar que el Gobierno socialista quiere revertir al Estado las autopistas de peaje que vencen en los próximos años para eliminar el pago por uso.
En concreto, el presidente de la patronal Seopan, Julián Núñez, se muestra molesto porque “no nos habían avisado de sus pretensiones, y es sorprendente” la manera de hacer un anuncio de tanto calado, sostiene. Máxime cuando hablamos de un modelo de negocio –el de las autopistas de peaje- que revierten al Estado 1.000 millones de euros anuales en ahorros de mantenimiento y pagos de impuestos.
“Un dinero que se libera y puede destinarse a financiar otras infraestructuras sociales”, dice Núñez, como la creación de hospitales, escuelas, etc. No sólo eso, es que para el presidente de Seopan el modelo de autopistas de peaje “es más justo porque paga quien las usa, y no se atribuye al contribuyente la subvención del que utiliza el coche”.
De lo que se trata, dice Núñez, “es de decidir qué modelo queremos darnos, si queremos más Estado Social liberando recursos de la red de infraestructuras viarias o si, por el contrario, preferimos seguir pagando el uso” de las carreteras por parte de todos.
Hablamos de una red de 3.300 kilómetros en toda España que irá revirtiendo a partir de finales de este año y que pasarán a formar parte del gasto en infraestructuras públicas. Sin embargo, el propio presidente de Seopan alerta de que esto no va a ser tan barato como los 27 millones de euros anuales que calcula Fomento.
“La primera que revertirá es la AP-1, y requiere una inversión para actualizarla de 320 millones de euros, y si se levantan barreras será muy complicado llevar a cabo dichos trabajos”, ha explicado.
Las autovías que revierten
Pero a partir de la AP-1 irán venciendo otras autovías como la AP-7, entre Alicante y Tarragona, y la AP-4, entre Sevilla y Cádiz, que vencen el 31 de diciembre de 2019. Más adelante será el turno para la AP-2 entre Zaragoza y el Mediterráneo y los tramos de la AP-7 Tarragona-La Jonquera y Montmeló-El Papiol, que expiran el 31 de agosto de 2021.
El presidente de Seopan ha descartado hacer una labor de autocrítica respecto a la ejecución de las concesiones, “porque el Gobierno no nos ha escuchado cuando hemos hecho propuestas” relativas a la tarificación o la mejora del tráfico de las autopistas radiales de Madrid. Estas últimas, por cierto, deben salir a relicitación en los próximos meses, salvo que Fomento decida que también las incorpora a la red nacional de carreteras.