Nuevo varapalo para la Junta Única de Resolución (JUR) en la resolución del Banco Popular. El panel de apelación del organismo europeo acaba de dictaminar que debe publicar información sensible sobre la entidad financiera que hasta ahora había permanecido bajo secreto.

El dictamen, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, señala que la JUR se ha excedido en numerosas ocasiones al proteger la información relativa a la caída del Popular. Sobre todo porque, en muchos casos, “va más allá” de la necesidad de proteger al sistema financiero, “vulnerando el derecho de información” que tienen los accionistas.

El tribunal –que está compuesto por expertos independientes- considera también que los ‘tachones’ introducidos por la JUR dificultan en ocasiones la lectura y, por tanto, “la valoración de los documentos” por parte de los distintos actores implicados, tribunales de justicia incluidos. De ahí que considere importante dar a conocer determinados datos.

¿Fuga de depósitos?

Entre la documentación que ahora se debe dar a conocer se encuentran las salidas de depósitos que se produjeron durante los días 12, 16, 22, 23 y 31 de mayo de 2017, así como el 1 de junio de 2017.

Se trata de fechas clave en la caída del Popular, dado que durante esos días se produjeron grandes retiradas de depósitos por parte de grandes clientes; sobre todo administraciones públicas, así como las medidas adoptadas por el equipo que entonces dirigía Emilio Saracho para frenar la sangría.

Estos datos aparecen ‘censurados’ en el primer informe de valoración de la entidad. En ese primer documento elaborado por las autoridades, la JUR tendrá que despejar también las estimaciones de los potenciales ajustes que se hicieron en las cuentas del Popular a 31 de marzo de 2017. 

El Informe Deloitte

El famoso ‘Informe Deloitte’ también va a verse afectado. Los demandantes han logrado que la JUR tenga que publicar distintos recuadros que, por ahora, aparecen tapados. Entre ellos están las pérdidas implícitas en el peor y mejor escenario planteado por la auditora, así como cuánto podrían recuperar los acreedores del Popular.

También tendrá que despejar la asignación de pérdidas, así como la estimación de activos realizada para el banco; deberá dejar al descubierto la redacción de numerosos párrafos que “hacen del documento ilegible”, según los responsables del panel de apelación. Esto hace que “sea imposible saber si deben –o no- ser protegidas junto a otras partes del documento” que sí deben serlo en aras de proteger al sistema financiero, o evitar que el mecanismo de resolución pueda ser puesto en cuestión, tal como argumenta la  JUR.

Para el panel de apelaciones de la JUR también es importante conocer algunos aspectos del Plan de Resolución para el Banco Popular que se elaboró en 2016. En concreto, deberá darse a conocer la capacidad que tenía entonces de absorber pérdidas, así como la manera en la que se abordaban las necesidades de liquidez que tenía la entidad en distintos escenarios hipotéticos. 

Información sensible

Uno de los argumentos que se ha venido sosteniendo por las autoridades europeas, y en parte también por el Santander, para negarse a proporcionar determinada información sobre la operación del Popular, radica en que “afecta a los intereses comerciales” de la entidad. Sin embargo, ahora los expertos consideran que carece de validez porque “pasado un año de la resolución el grado de confidencialidad debe disminuir, sobre todo porque la información critica de Popular y Santander ha cambiado tras la integración de ambas entidades”. Un argumento que –recuerdan- es igualmente válido para la “cooperación con las autoridades que, además, es una obligación”.

Por último, la JUR tendrá que hacer públicas también las posibles ofertas no vinculantes que hubiera sobre el Banco Popular. Es decir, se sabrá quién puso encima de la mesa el interés por hacerse con la entidad semanas antes de que cayera, cuando Emiio Saracho trataba todavía de buscar una solución de venta. Para el panel de apelaciones “hay un claro interés público” en que se den a conocer para “comprender la resolución adoptada, es decir, por qué no hubo otra alternativa” a la resolución. También porque así "se permitirá a los tribunales su poder de revisión” de las medidas adoptadas.

Respecto a este tema, el dictamen también señala que “incluso suponiendo que todavía puede haber información sensible para la comercialización, no es creíble que, como afirma la Junta, la divulgación de versiones debidamente redactadas de estos documentos después de un año puede causar daños a Banco Popular y otros terceros involucrados en el proceso de venta privada”.

Hay datos que seguirán sin conocerse

La divulgación de estos documentos todavía tardará unas semanas, pero supone una pequeña victoria para los accionistas del Popular que están inmersos en la búsqueda de una compensación por la caída del banco. De hecho, en los próximos días conoceremos dictámenes similares dado que distintos bufetes de abogados, entre ellos B. Cremades & asociados, han solicitado que se ponga al descubierto información que hasta ahora ha permanecido bajo secreto.

Eso sí, no todo son victorias para los accionistas. Este primer dictamen niega la posibilidad de acceder a las cantidades que el Banco Central Europeo inyectó en Popular a través de mecanismos de liquidez de emergencia (ELA) en los días previos a su resolución. Tampoco se podrán conocer, por ahora, las actas de la reunión en la que se decidió la forma de liquidar el Popular, ni tampoco la oferta remitida por el Santander el 7 de junio para hacerse con el banco.