Un año después de la caída del Banco Popular y tras varios retrasos, la consultora Deloitte ha entregado por fin a Bruselas su último informe sobre la liquidación de la entidad. La llamada Valoración 3 es clave porque determina si la UE tiene que compensar a los accionistas y bonistas que perdieron su inversión. Pero el estudio no se hará público hasta la segunda mitad de junio, una vez que la Junta Única de Resolución suprima toda la información que considere sensible y abra un proceso para que se inscriban los accionistas que quieren reclamar.
En concreto, el informe de Deloitte debe establecer si la intervención de Bruselas en el Popular provocó más pérdidas a los inversores que si se hubieran aplicado las reglas de insolvencia nacionales en España. En caso afirmativo, a los afectados se les compensaría la diferencia con dinero del Fondo Europeo de Resolución. La presidenta de la JUR, la alemana Elke König, que debe adoptar la decisión final, ya ha dicho que ve "muy improbable" que haya que indemnizar a accionistas y bonistas.
"La JUR confirma que el valorador independiente del caso Banco Popular Español, Deloitte, ha proporcionado el informe final de Valoración 3", ha informado este organismo en un comunicado. "Tras recibir el informe, la JUR está preparando su decisión, para lo cual se han de respetar una serie de etapas procesales esenciales, siendo una de ellas el conceder derecho de audiencia a los accionistas y acreedores afectados".
Derecho de audiencia para los afectados
En los próximos días, la JUR preparará una versión no confidencial de la Valoración 3. Una medida que justifica para garantizar que no se afecta la estabilidad financiera ni se perjudican los intereses comerciales del Santander, que compró el Popular por un euro, por revelar cualquier tipo de información sensible. A continuación, se abrirá un procedimiento de registro para accionistas y bonistas afectados, de manera que puedan presentar alegaciones.
La JUR espera dar a conocer más detalles sobre el procedimiento de derecho de audiencia a mediados de julio. Poco después, publicará la versión editada del informe de Deloitte y su propuesta de decisión final. A continuación, se analizarán las alegaciones de los accionistas y bonistas afectados. La última etapa será la adopción, por parte de la JUR, de una decisión final sobre si se debe compensar o no a los inversores en el Popular.