En opinión del órgano, estos aspectos son importantes para que los afectados por la reducción a cero de las acciones del banco tengan la "oportunidad razonable" de impugnar o no la operación, y personarse en las distintas causas abiertas en los tribunales españoles y europeos en plenitud de sus derechos.

Según han apuntado a Efe fuentes jurídicas, entre la información que será desclasificada se encuentran las memorias del Popular en relación a los procesos privados de venta que barajaron para salvarse, al entender que incluso suponiendo que pueda haber algunos pasajes "sensibles para fines comerciales", su divulgación no puede causar daño alguno después de un año.

También el plan de resolución correspondiente a 2016 y del que ya se conocieron algunas partes el pasado febrero, así como los informes de pasivos y funciones críticas de 2017 que solicitaron los recurrentes, representados, entre otros, por el despacho de abogados B. Cremades y Asociados.

Las fuentes consultadas explican que si bien esta decisión obliga al organismo que preside Elke König a remitir la documentación, este trámite podría tardar semanas, como sucediera con la dictada por el panel de recursos el pasado 28 de noviembre.

En aquella ocasión, el órgano ordenó la publicación de versiones no confidenciales sobre el contenido del expediente que no se conocerían hasta meses después, en febrero.

Fruto de ello, salieron a la luz partes del informe de valoración del Popular realizado por Deloitte, en el que la consultora cifraba el agujero de la entidad en entre 11.800 millones de euros en el mejor escenario y 20.600 millones en el peor, antes de la resolución y venta al Santander.