El que fuera inspector jefe del Banco Popular, Ignacio Pardo, ha cumplido con su misión. Proporcionar la menor información posible sobre su papel al frente de la supervisión de la entidad desde el Banco Central Europeo y desde el Banco de España. Sin embargo, sí que ha reconocido que la entidad “tenía problemas estructurales acreditados desde hace años”.
Esos problemas se refieren, sobre todo, a la sobreexposición que tenía la entidad al sector inmobiliario, así como a una falta de capital ante un escenario adverso de la economía. Todos ellos fueron detectados en distintos test de estrés por parte de los reguladores europeos, y todo ello a partir del año 2007, cuando el Popular alcanza su máximo de exposición pero también de beneficios y reparto de dividendos sin adoptar medidas suficientes para reducir la exposición en el corto plazo.
Para Pardo, que estuvo en Popular entre 2008 y 2001 y entre 2014 y febrero de 2017, el Popular no cayó por motivos de insolvencia; es decir, el mismo argumento que el empleado en el informe de valoración elaborado por Deloitte. Lo achaca, en concreto, a una falta de liquidez motivada por un flujo de noticias negativas que generó un nivel de desconfianza máxima que llevó a una retirada de depósitos masiva”. Eso sí, ha declinado explicar a cuánto ascendió esa retirada dado que cuando se produjo -finales de mayo- él ya no estaba en el equipo.
Precisamente para evitar esos problemas, ha explicado, la "comunicación es fundamental" para generar confianza entre los clientes de la entidad.
Lo que sí asume el inspector es que en los primeros años de la crisis (allá por 2008) el Banco de España hizo “una segmentación de la cartera para evaluar la exposición al inmobiliario, y vimos que era muy elevada”. Pardo considera que las medidas adoptadas por el equipo del Popular “no fueron suficientes”, y se indicaron las advertencias en los distintos equipos de supervisión, aunque no pudieron instar a nada más pues no es competencia de esos equipos.
Sin problemas en los informes
Pardo también ha negado que hubiera cualquier tipo de presión para ocultar los informes, tal y como ha denunciado la Asociación de Inspectores del Banco de España, y ha recordado que las distintas ampliaciones de capital realizadas por el Popular entre 2012 y 2016 fueron destinadas íntegramente a solventar sus problemas y no a compras concretas.
En su comparencencia en el Congreso, el exgobernador del Banco de España, Luis María Linde, aseguraba que el Popular debería haberse intervenido en 2012. Sin embargo, el responsable de supervisión ha indicado que no se considera “la persona idónea porque no tengo una visión global” como sí tiene el máximo responsable del regulador.
En cualquier caso, sí que ha valorado los saneamientos introducidos por el Popular de 31.000 millones de euros entre 2007 y 2017, así como otros 13.000 millones por parte del Santander. En total, 45.000 millones de euros, que han permitido -tras la venta a la entidad que lidera Ana Botín por un euro- asegurar los ahorros de los clientes, “algo que es positivo para el contribuyente porque no ha costado ni un euro a los contribuyentes”.
El BCE prohíbe ofrecer información
Pardo también ha coincidido con algunos de sus compañeros en que las herramientas para prevenir los problemas derivados del ladrillo en la economía y las entidades financieras “no eran suficientes”, todo derivado de “un error de diagnóstico dado que se esperaba un aterrizaje suave del sector inmobiliario”.
Una comparecencia que no ha cumplido las expectativas de los miembros de la Comisión del Congreso que investiga la caída del Banco Popular. Sobre todo porque Pardo traía debajo del brazo una prohibición del Banco Central Europeo para proporcionar cualquier tipo de información sobre su labor en el Popular, algo que ha generado un enorme malestar entre los miembros de la cámara.