La caída del Popular puede tener consecuencias jurídicas pero también administrativas para el equipo del expresidente Ángel Ron. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha elaborado un informe en el que propone una sanción para el propio Ron y siete exdirectivos más por “suministrar información engañosa o datos inexactos o no veraces” en las cuentas del ejercicio 2016.

En concreto, se propone sancionar al propio Ron; a los ex consejeros delegados, Pedro Larena y Francisco Gómez; al que fuera secretario del consejo, Francisco Aparicio; a los exvicepresidentes Roberto Higuera y José María Arias; al consejero Jorge Oroviogoicoechea, y al exdirector financiero Javier Moreno.

"Participación activa de la alta dirección"

Según el documento al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, tras la documentación requerida al Banco Popular tras la reexpresión de las cuentas de 2017, “se pone de manifiesto la participación activa de miembros de la alta dirección en la realización de las prácticas irregulares” que luego provocaron que Saracho tuviera que revisar las cifras emitidas al mercado, lo que se conoce como “reexpresión de las cuentas”.

Este cambio supuso un impacto contable de 387 millones de euros, que suponen el 3,5% del patrimonio neto consolidado del grupo. Unos ajustes calificados como “materiales”, lo que viene a demostrar que “la información financiera del popular en 2016 no representaba la imagen fiel de su situación financiero patrimonial”.

Detecta, además, que incluyó “ratios de capital regulatorio mejores de los reales”, fruto de la inclusión de préstamos a sus clientes para comprar acciones de la ampliación de 2016, en lugar de haberlos deducido.

Un agujero de 600 millones

En total, el agujero que el equipo de Ron habría tapado ronda los 600 millones de euros; de hecho, llega a informar que la insuficiencia de provisiones se hizo “de manera consciente e intencionada con objeto de pasar inadvertidas al control del supervisor prudencial y de PwC, que era la auditora del Popular en ese momento.

Tantas dudas tiene la CNMV de las cuentas de 2016 y de la reexpresión de 2017, que considera necesario que “en función de los resultados judiciales abiertos, se valore la necesidad de realizar comprobaciones adicionales sobre las cuentas del Popular de 2016”. Y no sólo eso, es que si de esa revisión se derivasen nuevos ajustes, cree que el Santander tendría también que hacer “una revisión adicional” de los números del primer semestre de 2017 “para concretar cuáles deberían ser los resultados en dicho período”.

La CNMV no otorga el mismo grado de culpa a todos los directivos, y apunta a algunos de ellos como principales responsables. En concreto, a los miembros del consejo les acusa de ser quienes orquestaron la liberalización de provisiones de activos problemáticos para que no fueran detectadas. También se refiere al exdirector financiero, quien “dio instrucciones para contabilizar la reasignación de provisiones para cubrir las requeridas por el BCE”.

También Moreno se ve implicado en la trama para que los créditos otorgados a los clientes para la compra de acciones no fueran deducidos del capital, tal y como establece la normativa. “Tuvo conocimiento o, al menos, indicios sin requerir información al respecto”; una situación que era conocida por el exconsejero delegado, Francisco Gómez, que fue informado -según la investigación- en varias ocasiones por Juan José Rubio “sin que se adoptara ninguna medida” para evitar dicha financiación u obligar a que “fuera deducido del capital”.

La propuesta de sanciones, adelantada por Vozpópuli, podría conllevar multas millonarias, aunque tardarán en llegar. Al estar el caso bajo investigación judicial en la Audiencia Nacional el procedimiento sancionador podría paralizarse hasta que acabe. Será entonces -y en función de las comprobaciones que entonces se hagan de las cuentas- cuando se lance una propuesta definitiva