Los ánimos se caldean en las filas de Ryanair. Los sindicatos USO y Sitcpla han denunciado este miércoles ante los juzgados de instrucción de Madrid a la aerolínea por coaccionar, presuntamente, a sus trabajadores para que informen a la compañía de si realizarán o no los paros previstos para los próximos 25 y 26 de julio.

La aerolínea envió a sus trabajadores este martes un correo electrónico donde, además de informarles de que por los días de huelga no recibirán la parte proporcional de su salario base ni el bono de productividad de 150 euros del mes de julio, se les pide que confirmen si realizarán la huelga "para minimizar los trastornos ocasionados a nuestros clientes". En total, cuantifica Ryanair, la pérdida de salario por realizar la huelga será de unos 360 euros para un junior y de más de 480 euros para el jefe de tripulación.

"Necesitamos planear los servicios mínimos para poder operar los días 25 y 26 de julio, por lo que tenemos que saber por anticipado quién realizará la huelga o se presenta voluntario para trabajar en esas fechas", indica la aerolínea en un correo al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL firmado por Eddie Wilson, el jefe de personal de Ryanair.

La aerolínea, que asegura que está negociando ya con los sindicatos y que respeta el derecho de huelga, añade: "si no respondes (a la encuesta inserta en el correo), el jueves recibirás un correo personal donde se te pedirá tu respuesta". El correo marca como límite para responder si se acudirá o no a la huelga, si tiene programado turno de trabajo para los días de los paros o si se presenta voluntario para trabajarlos hasta este miércoles a las 18 horas.

Ante esta situación, los sindicatos han presentado una denuncia por "coacciones a los trabajadores y violentación del derecho de huelga", pero el Juzgado madrileño ha denegado las medidas cautelares que se han solicitado: la prohibición de que Ryanair se abstenga de realizar esas encuestas. "Ryanair amenaza con descontar en torno a 400 euros a cada trabajador que vaya a la huelga, lo que supone una tercera parte de la mensualidad de un tripulante en España", afirman desde USO.

Según Ernesto Iglesias, responsable de Vuelo de USO Sector Aéreo, esta encuesta coercitiva apunta directamente a las negociaciones mantenidas con el sindicato del que forma parte. En su escrito de denuncia, al que ha tenido acceso este periódico, los sindicatos apuntan como responsables del delito de coacciones tanto a la aerolínea, como a su consejero delegado, Michael O'Leary, y al jefe de personal, Eddie Wilson, además de "todas las personas que en fase de instrucción aparezcan como coautores, cómplices o encubridores".

Siguiendo el consejo de los sindicatos, los trabajadores evitaron responder a la encuesta y, según fuentes sindicales, la aerolínea contactó con los responsables de las bases españolas para que, uno a uno, cotejaran quién preveía secundar la huelga. Esto ha sucedido, agregan las mismas fuentes, después de que en la fallida reunión del lunes para fijar los servicios mínimos se incluyera un párrafo en el acta de la reunión donde se recoge expresamente que "las llamadas, interrogatorios o formularios para preguntar sobre su intención de secundar o no la huelga se considerará una coacción y una intromisión ilegítima en el derecho de huelga, lo que conllevará el ejercicio de acciones ante la justicia correspondiente".

Reunión con Fomento

Conscientes de que el Ministerio de Fomento ya ha tenido contactos "oficiosos" con Ryanair, los sindicatos han remitido una carta a José Luis Ábalos donde se solicita "una reunión con carácter urgente" para explicar su visión del conflicto y aquellas soluciones que consideran necesarias para que la aerolínea irlandesa "pase a ser una compañía normal, que cumple con la legislación labora y de seguridad social".

En su misiva a la cartera de Fomento, USO y Sitcpla acusan a Ryanair de "eludir las responsabilidades que a toda compañía aérea europea le corresponden", siendo la "excepción impune que asombra a la opinión pública".

Además, recuerdan el proceso por el que se ha convocado esta huelga y que, de no haber acuerdo con la aerolínea, se realizarán los paros de 24 horas y que están llamados los 1.800 trabajadores que la compañía tiene en España. 

Hasta el momento, Fomento no ha procedido a dictar los servicios mínimos que aplicarán a los trabajadores porque están analizando la situación jurídica en que quedarían aquellos que están sujetos a un contrato en Irlanda, casi el 80% de los tripulantes españoles que trabajan en una de las trece bases nacionales. 

Los servicios mínimos que dicte Fomento afectarían, en principio, sólo a los trabajadores con contrato en España. Desde los sindicatos consideran que el hecho de tener una relación laboral sujeta a las normas irlandesas no puede menoscabar el derecho de huelga de un trabajador español.

Cita en Trabajo este miércoles

La Dirección General de Trabajo ha citado esta tarde a la aerolínea y a los representantes sindicales en un último intento de negociación para evitar la huelga de la próxima semana. La cita llega una semana después de que fracasara la negociación en el Servicio Intercondefederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) y dos días después de la fallida reunión para fijar los servicios mínimos.