La normativa municipal con la que Ada Colau pretende frenar el avance de Uber y Cabify en la ciudad Condal tendrá que esperar. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha decidido paralizar su entrada en vigor al considerar que "el reglamento pretende soslayar que las licencias VTC son títulos habilitantes estatales [...] que por su naturaleza y alcance no pueden verse cortocircuitados por otros títulos habilitantes indebidamente yuxtapuestos". 

Una decisión que adopta tras el recurso de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) quien expone que el Ayuntamiento no tiene competencias en esta materia. Además, y según el auto al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, "el propósito del reglamento impugnado es cercenar sensiblemente el número de autorizaciones VTC en el entorno urbano de Barcelona", añade. 

El Tribunal considera también que, de entrar en vigor "podrían derivarse daños y perjuicios difíciles de restañar aun en la hipótesis de una sentencia estimatoria firme". Sin embargo, no ve la posibilidad de que pudiera existir "un empeoramiento significativo de las condiciones del servicio del taxi". 

El recurso de la CNMC, que no era esperado, se añade a los presentados por las empresas del sector, la patronal, e incluso el propio Ministerio de Fomento, que acusa a Colau de apropiarse de competencias que no son suyas. 

Algunas asociaciones de taxistas en Barcelona, como Élite Taxi, ya ha anunciado que van a movilizarse en protesta por lo que está ocurriendo contra el reglamento del Ayuntamiento, con el que busca conseguir la imposición de una licencia urbana que limite el número de coches de Uber y Cabify que pueden circular por las calles de la ciudad.