La CNMC contra Espejo Público y Ana Rosa por incitar al odio en el caso Gabriel

La CNMC ha cargado este viernes contra los magacines y las tertulias de Atresmedia y Mediaset -como Espejo Público y El Programa de Ana Rosa- recordándoles que se ciñan estrictamente al cumplimiento de la Ley Audiovisual.

Así, el regulador les ha recordado que tienen la obligación de evitar la emisión en sus programas de contenidos que puedan incitar al odio o que no respeten los derechos al honor, a la intimidad o a la presunción de inocencia y a la imagen de las personas.

Un duro varapalo para las dos principales cadenas y sus programas estrella de las mañanas como Las mañanas de Ana Rosa o Espejo Público, precisamente criticados por realizar estas prácticas que están prohibidas por la Ley Audiovisual. El regulador advierte que abrirá un proceso sancionador si estas conductas se siguen manteniendo.

El tratamiento de los sucesos

En concreto, este requerimiento se produce a partir de la denuncia presentada por el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) mediante el cual se canalizaron unas quejas presentadas por un particular sobre el tratamiento informativo dado a un tercero inicialmente sospechoso, y posteriormente exculpado, en relación con la desaparición y asesinato del niño Gabriel en Almería el pasado mes de febrero. Las imágenes, ha dicho la CNMC, se emitieron en Antena 3, La Sexta y Telecinco.

"El tratamiento informativo de los sucesos que despiertan interés en la sociedad no debe incluir hipótesis o conjeturas sobre posibles culpables cuando se identifica a estos o se dé información que permita identificarlos. Tampoco deben difundir rumores, especulaciones o informaciones no contrastadas. Ni siquiera cuando forme parte de un contenido de entretenimiento y no meramente informativo", ha insistido Competencia.

Ante esta situación, la CNMC ha requerido a Atresmedia y a Mediaset con el fin de que adopten las medidas oportunas para que se adecúen los contenidos de todos sus programas a las exigencias de la Ley. La CNMC les advierte de que los operadores de televisión han de buscar el justo equilibrio entre su derecho a la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a la difusión de información veraz y a la protección de los derechos al honor, la intimidad y la propia imagen de las personas, pues el primero no tiene un carácter absoluto.

Para evitar este tipo de hechos, la LGCA prohíbe la emisión de contenidos que puedan incitar al odio por cualquier circunstancia personal o social. Además, la LGCA reconoce el derecho de recibir información en cuya elaboración se haya respetado el deber de diligencia en la comprobación de la veracidad de la información.